Hace sólo algunas se dio a conocer la protesta de una comunidad del corregimiento de Camarones, municipio de Riohacha, departamento de La Guajira en Colombia.
La Guajira es uno de los departamentos que más ha tenido que soportar el olvido estatal, la pobreza, el hambre, la escasez de agua y la desnutrición, que son solo algunos de los flagelos que golpean a esta población del norte del país.
La protesta de la población de La Guajira
Varios ciudadanos de un corregimiento de Riohacha llamado Camarones, iniciaron una manifestación para exigir la mejora en la calidad de agua del corregimiento de modo que pueda ser apta para el consumo humano. Sin embargo, la manifestación fue reprimida violentamente por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD.
De acuerdo con lo que fue revelado por los habitantes de Camarones, la obra del acueducto ha sido catalogada como casi concluida incluso por el contralor general de la nación, Carlos Felipe Córdoba.
La obra habría requerido un presupuesto de, aproximadamente, 15.000 millones de pesos, no obstante, los pobladores aseguran que no está funcionando correctamente por lo que exigen condiciones dignas pudiendo acceder a este recurso vital con una mayor calidad y siendo apto para el consumo de las comunidades.
Para ello y debido a que no han sido escuchados por el gobierno local y nacional, la comunidad decidió bloquear la Troncal del Caribe para que de esta manera sus problemáticas puedan escalar y ser escuchadas y resueltas de manera oportuna.
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Les enviaron al ESMAD
Por su parte, desde los despachos gubernamentales ordenaron la represión de la protesta y el desalojo de los manifestantes de La troncal para que pudiesen despejarse nuevamente las vías.
Para esto hizo presencia el Escuadrón Móvil Antidisturbios reprimiendo de forma violenta la movilización social y haciendo uso de bombas aturdidoras y gases lacrimógenos para disolver la concentración de personas en la zona.
Este se ha convertido en un nuevo caso en el que las comunidades exigen derechos para tener una vida digna en un país en el que el gobierno no garantiza la protesta social pese a estar protegido por la Constitución política de 1991.
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