Durantes las manifestaciones de la oposición el 21 de abril de 2024 se presentaron varios hechos sospechosos. Se conoció que un grupo de empresarios estaban pagando bonos económicos y otros daban tamal con transporte para marchar.
En un panorama político marcado por la polarización, algunos sectores se encuentran en alerta ante la presunta activación de una serie de planes destinados a desestabilizar el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La estrategia de la oposición para acabar con el gobierno de Petro
Desde hace meses, informes de inteligencia policial han advertido sobre la conformación de grupos de oposición que estarían urdiendo una estrategia meticulosa para socavar la administración actual.
Los análisis de los servicios de inteligencia indican que estos grupos, no solo estarían orquestando manifestaciones políticas, sino que también estarían buscando el respaldo de reservas militares y de la propia Policía para sus acciones.
La meta declarada para el año 2024 sería la desestabilización del gobierno y el desprestigio del presidente Petro.
Una de las tácticas previstas incluiría el uso de campañas publicitarias para presionar por un juicio contra el presidente Gustavo Petro, mientras que otra consistiría en la convocatoria de movilizaciones masivas, buscando la unión de todos los sectores opositores.
El punto culminante de esta presunta estrategia sería la convocatoria de un cabildo abierto para llevar a cabo un juicio administrativo contra el jefe de Estado.
Además, se ha advertido sobre posibles intentos de toma violenta de la Casa de Nariño y del Congreso de la República, con el fin de interrumpir el actual periodo presidencial.
Durante meses, grupos de activistas tanto en Colombia como en el exterior han estado preparando consignas y pancartas para estas acciones, abogando por la remoción del presidente, investigaciones por corrupción e incluso su descalificación política o física.
Recientemente, el 21 de abril, se habrían puesto en marcha estas estrategias durante marchas opositoras en varias ciudades del país.
Aunque algunos medios han intentado presentar estas protestas como manifestaciones legítimas contra la gestión del gobierno de Petro y las reformas en trámite en el Congreso, denuncias sugieren que hubo incentivos para la participación masiva.
Se ha señalado que algunas empresas habrían ordenado a sus trabajadores asistir bajo la promesa de un bono por enviar una fotografía de la manifestación, mientras que otros líderes opositores habrían financiado transporte y alimentación para alentar la participación en las protestas.
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