En plena ceremonia de ascenso de oficiales de la Policía Nacional, el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, propuso que se impulsara una ley antivandalismo desde el Congreso para que no exista impunidad en los actos vandálicos.
Para muchos, es paradójico que no se haya promovido una reforma profunda de la Policía que fue recomendada por las organizaciones de derechos humanos, pero que sí se proponga una ley contra vándalos.
La creciente violencia en Colombia
El estallido social que tiene lugar en Colombia desde el pasado miércoles 28 de abril, ha sido el escenario de una lucha incansable por los derechos y mejor calidad de vida, y de enfrentamientos contra la Fuerza Pública.
Pese a que la gran mayoría de protestas han sido pacíficas y se han desarrollado con normalidad en las ciudades y municipios del país, otras han terminado siendo batallas campales entre uniformados armados y civiles desarmados.
El resultado ha sido jóvenes asesinados, mutilados, heridos, desaparecidos, torturados y abusados, y algunos civiles se han armado contra manifestantes en presencia de policías.
Varias organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales han revisado las evidencias, concluyéndose que, pese a que sí han existido muestras de vandalismo en algunas protestas, también ha existido un comportamiento desproporcionado de las fuerzas de seguridad.
Esto derivó en la comisión de violaciones a los derechos humanos y de crímenes internacionales por parte de un Estado que no ha sido garante de la protesta pacífica.
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La promoción de la ley antivandalismo
Pese a que instituciones internacionales han expresado la importancia de una reforma profunda a la Policía Nacional en materia de derechos humanos, el primer mandatario no propone una mayor reforma que la del uniforme.
Pero sí propone que se avance en la legislatura de la ley antivandalismo, defendiendo a la Fuerza Pública.
«Es vergonzoso ver a quienes posan de tribunas morales, desde posiciones públicas, e insultan a quienes le sirven a la patria. Esas conductas también deben ser investigadas y sancionadas. El deber de un servidor público es el de defender los derechos de todos los colombianos y hacerlo también defendiendo a quienes le sirven a nuestro país, como lo son nuestros soldados y policías»
Expresó.
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