De acuerdo con la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, las denuncias en contra de los senadores Gustavo Petro Urrego y Gustavo Bolívar Moreno por supuesta incitación a la violencia en el marco del paro nacional indefinido fueron inadmitidas y archivadas.
Así se dio a conocer a través del radicado interno 00405 en telegrama 536 de la Corte Suprema el pasado viernes 2 de julio de 2021.
La violencia en el paro nacional
El paro nacional indefinido que tiene lugar en Colombia desde el pasado miércoles 28 de abril y que ya completa más de dos meses, se ha convertido en el escenario de una alarmante ola de violencia en el país.
En su mayoría, los afectados, heridos y asesinados, han resultado ser manifestantes por parte de miembros de la Fuerza Pública en su intento por reprimir la protesta social.
Las constantes violaciones a los derechos humanos y la falta de garantías de protesta como derecho legítimo por parte del Estado, han sido evidenciadas por organizaciones internacionales de derechos humanos y condenadas por entidades y países alrededor del mundo.
Tal es el caso del parlamento europeo, que reconoció un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza en contra de los marchantes en Colombia, y Estados Unidos, que decidió condicionar las ayudas a la Policía Nacional al respeto de los derechos humanos.
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Las infructuosas denuncias contra Gustavo Petro y Gustavo Bolívar
Sin embargo, un sector de la población colombiana, incluyendo mandatarios distritales y el gobierno nacional, consideran al líder de oposición Gustavo Petro, y su movimiento político Colombia Humana, junto al senador Gustavo Bolívar, como los gestores de la violencia en el país.
Pese a que en toda declaración de Petro este insiste en que la población solo gana en protestas pacíficas y en la necesidad de un abrazo entre uniformados y manifestantes, ha sido señalado y responsabilizado de la violencia en las protestas.
Además, el senador Bolívar inició una campaña de compra de elementos de protección personal para la primera línea y fue señalado de estar armando a los jóvenes para una guerra civil.
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Ante las denuncias, la Corte Suprema de Justicia decidió inadmitir las solicitudes y archivar las diligencias.
El Alto Tribunal también concedió, contra la decisión, la presentación de los recursos de ley.
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