La región de los Montes de María ha sido, históricamente, una zona bastante golpeada por el conflicto armado y la presencia de grupos militares. Este escenario de masacres y todo tipo de barbaries hoy teme por el retorno del fenómeno del paramilitarismo y las amenazas contra campesinos y líderes sociales.
La denuncia fue interpuesta ante la fiscalía general de la Nación en contra de los grupos paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, y Águilas Negras.
El conflicto armado en Colombia
Colombia sufrió por años la crueldad de la guerra y sus territorios se han bañado con la sangre de las víctimas de un conflicto armado que parecía interminable.
La creación de grupos guerrilleros que se enfrentaban al Estado y la activación de grupos paramilitares a su servicio dejó a la población campesina en medio del fuego cruzado en muchos de los territorios del país.
La tierra, rica en recursos, se convirtió en rutas para el narcotráfico que también eran disputadas con violencia, obligando a los lugareños a huir forzadamente por sus vidas.
Tras la firma del Acuerdo de Paz de La Habana ente el gobierno Santos y las FARC, la guerrilla más antigua de toda América, se esperaba la finalización del conflicto armado y una nueva fase postguerra en que las víctimas fuesen reparadas y pudieran retornar a sus territorios.
Si embargo, la poca implementación de los Acuerdos de Paz y el sabotaje a las Instituciones que derivaron de esta negociación ha validado y propiciado la reactivación del fenómeno del paramilitarismo en zonas de alto riesgo en el país.
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El temor al paramilitarismo en los Montes de María
Tal es el caso de los Montes de María, una región bastante golpeada por la guerra que hoy vuelve a temer por las vidas de sus campesinos.
Los líderes sociales y campesinos miembros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, en el municipio de Ovejas, Sucre, denunciaron las amenazas de muerte y advertencias de desplazamiento de las Águilas Negras y las AGC a sus campesinos.
Solicitaron a la fiscalía que se inicie una investigación penal y que se tomen medidas inmediatas de protección para la vida de las víctimas.
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