Un informe de la Revista Cambio del domingo 8 de mayo, donde se complementa la investigación del periodista Juan Pablo Barrientos de Vorágine, sobre las 72 escrituras de predios de la familia Uribe Moreno. El representante electo Agmeth Escaf, cuestiona el uso ilegitimo de la familia del expresidente Uribe de predios que son propiedad de la nación. La familia de Álvaro Uribe Vélez tendría 21 millones de metros cuadrados en propiedades.
“Álvaro Uribe Vélez: ¿es cierto que, de las 71 escrituras de El Ubérrimo, solo 19 tienen tradición verdadera y los 52 restantes, son de falsa tradición? Si la respuesta es SÍ, usted es un expropiador. ¿Cuántos baldíos se ha robado, señor?, pregunta el Congresista electo Agmeth Escaf.
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En un informe publicado por la Revista Cambio y los Danieles, se afirma que el Laguito 2, un predio que aparece como propiedad de la familia Uribe Moreno, no tiene títulos legítimos, dicho predio se englobó de varias propiedades pequeñas ubicadas en las inmediaciones de la hacienda El Ubérrimo.
Esta información da cuenta de la existencia de un informe sobre una decisión judicial y un dictamen de una Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, que demuestran que esta propiedad que ostenta la familia Uribe Moreno, no tiene títulos legítimos.
Pero este informe que se dio como resultado de la investigación del periodista de Vorágine, Juan Pablo Barrientos, sobre la acumulación de tierras del expresidente y su familia, permanece resguardado en una de las gavetas del escritorio de la directora de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, Myriam Martínez.
En la investigación, el periodista de Vorágine afirma, que “además de ser el hombre más poderoso de Colombia, Álvaro Uribe Vélez es uno de los mayores terratenientes y acumuladores de tierras del país…posee más hectáreas que la extensión de un municipio como Itagüí”.
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Se lee en el informe que, a pesar de existir una titulación de tierras en 2019 a favor de la familia Uribe Moreno autorizada por el juzgado promiscuo de San Carlos, Córdoba, esta fue negada por Instrumentos Públicos, porque se trataba de un Baldío Rural y quien podía disponer de él, era la Agencia Nacional de Tierras, ANT.
De tal manera que, conforme a la Ley, la Agencia debía reclamar la restitución de la propiedad de estas tierras a la Nación y adjudicar los baldíos a las comunidades campesinas, afrodescendientes o indígenas cuyo patrimonio no supere los 1.000 salarios mínimos.
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