El congresista conservador Wadith Manzur Imbett formalizó su renuncia a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, curul a la que nunca pudo volver tras su captura dentro del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). En una carta enviada a la plenaria, Manzur dejó su puesto «a disposición de la Honorable Cámara de Representantes, con el fin de que sea provisto por otro integrante del Partido Conservador».
Pese a estar privado de la libertad, el séptimo senador más votado del país en las últimas elecciones mantiene su propósito de posesionarse el próximo 20 de julio en el Senado.
Wadith Manzur renunció a la Comisión de Acusaciones
Pero la renuncia no fue la única movida del político cordobés, en paralelo, Manzur presentó ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema una recusación de 14 páginas contra el magistrado Héctor Javier Alarcón Granobles, quien fue el ponente inicial de su proceso.
El argumento central es que el togado no ofrece garantías de imparcialidad, y para sustentarlo enumeró tres elementos concretos: errores en la valoración de pruebas, una incoherencia jurídica en su voto y la filtración de información reservada mientras dirigía el expediente.
Uno de los puntos más sensibles de la recusación gira en torno a un documento hallado en el domicilio de Andrea Ramírez, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
Según el propio Manzur, ese manuscrito fue usado como elemento para imponerle medida de aseguramiento, pero «no contiene referencia alguna al nombre de WADITH ALBERTO MANZUR IMBETT. Los nombres consignados en dicho manuscrito corresponden a otras personas», se lee en el escrito enviado a la Corte.
Los nombres que sí aparecen en ese papel son los de Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, no el suyo, para el congresista, eso configura «una inversión de la lógica probatoria, en la que el documento sirve para privar de la libertad a quien no menciona y no tiene consecuencia alguna para quienes sí menciona», lo que a su juicio viola el principio de igualdad.
Lo que complica más la posición del magistrado Alarcón es que, según Manzur, el mismo togado había rechazado esa prueba tiempo atrás por carecer de «certidumbre sobre el alcance y significación de su contenido». Para el senador electo, «un cambio de criterio sobre la aptitud probatoria de un documento, sin motivación que lo sustente, no es ejercicio de libre valoración».
Su abogado, Francisco Javier Araújo, fue más directo: la medida de aseguramiento «no puede traducirse en la anulación total del contenido esencial de los derechos políticos».
El segundo eje de la recusación apunta a las filtraciones del proceso. Manzur recuerda que la propia Sala de Instrucción decidió «separar al Magistrado ALARCÓN GRANOBLES de la dirección del proceso» en julio de 2024, precisamente tras la filtración de declaraciones del exdirector de la Ungrd, Olmedo López.
El congresista, afirma qaue eso ya dice mucho: «quien ha guardado la reserva legal, le fue impuesta una medida de aseguramiento por supuesta obstrucción a la justicia. Quienes tenían acceso exclusivo a las piezas reservadas no han sido objeto de consecuencia procesal alguna». Y remata con un argumento que no carece de peso: «la filtración de esas piezas procesales generó un juicio paralelo en los medios de comunicación que afectó de manera irreparable la presunción de inocencia del suscrito».
El tercer elemento es una aparente contradicción jurídica en el comportamiento del magistrado, Alarcón votó para que se investigara a Manzur por cohecho impropio, pero en su aclaración sostuvo que los hechos «configuran el delito de cohecho propio», un tipo penal más grave.
Manzur argumenta que «un funcionario que vota una acusación que considera incorrecta, que no salva su voto, y que simultáneamente reescribe los hechos de esa acusación para sostener una calificación más gravosa, no puede predicar de sí mismo la apariencia de imparcialidad».
Además, señala que el magistrado calificó como obstrucción una conversación pública suya donde dijo «ahí no hay nada», pero «guardó absoluto silencio frente a un hecho de naturaleza sustancialmente distinta»: Liliana Bitar le habría pedido a un testigo borrar sus conversaciones de WhatsApp en un ámbito privado.
Manzur deja claro en su documento que no busca demostrar mala fe del magistrado, sino algo más difícil de rebatir en términos institucionales. «Las apariencias son importantes para valorar si un Tribunal es imparcial. No sólo debe hacerse justicia, sino parecer que se hace», escribió.
La Sala de Instrucción sesionará para revisar distintos aspectos del expediente de la Ungrd, y uno de los puntos centrales será decidir si Alarcón sigue en el proceso o da un paso al lado.
En el Congreso, el panorama también es incierto, la renuncia de Manzur debe pasar por la plenaria de la Cámara, que definirá si la acepta y cómo se provee su reemplazo. Si para el 20 de julio tanto Manzur como Karen Manrique, otra congresista vinculada al caso, siguen detenidas, se activaría la figura de la silla vacía, y el Partido Conservador llegaría al nuevo período legislativo con dos curules menos desde el primer día.
