María Fernanda Rangel, quien es la más opcionada para ser la nueva contralora, se encuentra envuelta en una polémica por una fotografía donde se le ve acompañada de Abelardo de la Espriella, Luis Alberto Rodríguez (exdirector del DNP), Silvestre Dangond y su esposa. Los $57 millones mensuales que le caen al exembajador Alfredo Rangel sin trabajar.
Algunas de las personas que aparecen en la fotografía se han visto involucradas en escándalos de corrupción.
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Por otra parte, Luis Alberto Rodríguez ha sido señalado de ser uno de los cerebros detrás del desfalco de los fondos de la paz, ya que durante el tiempo que estuvo en el cargo como director de DNP, varios funcionarios habrían negociado coimas para aprobar proyectos en el OCAD-Paz. (Relacionado: Banco BBVA financió la mansión de Luis Alberto Rodríguez)
En medio de esta polémica, el senador Ariel Ávila, del Partido Verde, presentó una investigación en la que señaló que María Fernanda Rangel, habría estado involucrada en graves casos de corrupción en Bogotá y que gozó de “impunidad en las investigaciones de los recursos de OCAD-Paz”.
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Los cuestionamientos vienen sobre todo por el papel de Carlos Rangel, hermano de la candidata, quien estaría investigado por los manejos en la concesión del relleno de Doña Juana.
“Está investigado por los manejos en la concesión del relleno de Doña Juana. Genera desconfianza que hayan transcurrido dos años desde 2020 a 2022 sin que hayan existido actuaciones luego de las alertas hechas por la misma Contraloría”, comentó Ávila.
A su vez, agregó que la candidata es: “La última ficha de Felipe Córdoba (actual contralor) para mantener el control de la Contraloría General”. Por lo que planteó serias dudas en el proceso de elección.
La polémica se agudizó cuando los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical y de La U emitieron un comunicado conjunto apoyando a la actual directora de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI). Incluso, 15 de los 16 representantes de las curules de paz anunciaron su voto por Rangel.
La candidata es oriunda de Cúcuta y de profesión abogada. Tiene una especialización en contratación estatal, gestión pública e instituciones administrativas, una maestría en gobierno y políticas públicas.
