El periódico El Tiempo publicó las declaraciones del abogado Sebastián Caballero, apoderado de algunas familias de Cali, quien informó a la opinión pública desde sus redes sociales que un juzgado Penal Municipal de Cali avaló las imputaciones presentadas por la Fiscalía contra Andrés Escobar, en especial, por presuntas actuaciones ilícitas durante las jornadas de protesta ocurridas en Cali, en mayo de 2021. Elizabeth Loaiza y Andrés Escobar, los uribistas que se escondieron en el paro armado.
«El juzgado 12 penal municipal con función de control de garantías de la ciudad de Cali, el día de hoy, avaló la imputación formulada por la Fiscalía general de la Nación contra el señor Andrés Escobar, 4 civiles más del sector de Ciudad Jardín de la ciudad de Cali y 2 integrantes de la Fuerza Pública, comprometidos en los atentados que hubo contra los jóvenes que se manifestaban…”, publicó el abogado Sebastián Caballero.
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Ha pasado más de un año de los sucesos ocurridos el 28 de mayo de 2021 en el barrio Ciudad Jardín de la ciudad de Cali, donde Andrés Escobar, junto a varios habitantes del barrio, se armaron con armas traumáticas para disparar en contra de los manifestantes.
Al parecer, con la complicidad de algunos uniformados que estaban en el lugar, que no hicieron nada en contra del actuar ilícito de los ciudadanos, quienes, fungiendo a manera de paramilitares, emprendieron a disparar en contra de los manifestantes alegando defensa propia.
El abogado Caballero agregó que estos ciudadanos vulneraron derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia como el derecho a la protesta, al libre desarrollo de la personalidad, a manifestarse y el derecho a la oposición en Colombia.
Los cargos son distintos tanto para los 4 civiles, como para los 2 uniformados de la Policía: a los civiles se les imputó por los delitos de usurpación de funciones públicas y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos. Además, a Escobar se le formuló el cargo de amenazas, agravado por el nivel de intimidación que, al aparecer, ejerció sobre la ciudadanía.
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A los policías, los delitos de tortura agravada y privación injusta de la libertad, con relación a la aprehensión de varios jóvenes, y el traslado y graves agresiones que, supuestamente, le propinaron a un estudiante de música en la estación de Policía de La María.
También se les imputó a los policías el delito de prevaricato por supuesta omisión, porque, presuntamente, omitieron actos propios de sus funciones y permitieron que los civiles atacaran a los manifestantes.
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