Una corte de apelaciones de California confirmó este viernes (14.05.2021) la condena a Monsanto, propiedad del grupo alemán Bayer, en el proceso iniciado por un jubilado enfermo de un cáncer que atribuye al uso del herbicida Roundup.
La corte de apelaciones de San Francisco rechazó revisar el caso de Edwin Hardeman, como pidió Bayer, y confirmó la condena al grupo a pagar 25 millones de dólares en daños e intereses al hombre. Hardeman, quien fue diagnosticado de un linfoma no-hodgkins en 2015, sostiene que el uso regular del herbicida a base de glifosato causó su enfermedad.
Los jueces «confirmaron el fallo del tribunal de distrito en favor de Edwin Hardeman en su acción alegando que el pesticida Roundup de Monsanto causó su linfoma», señala la decisión, que recuerda que «desde 2015, miles de víctimas de cáncer llevaron a Monsanto ante los tribunales tanto estatales como federales».
El fallo de este viernes señala que la corte de distrito negó correctamente la apelación de Monsanto «ya que la evidencia mostró que el riesgo cancerígeno del glifosato era conocido al momento de la exposición de Hardeman» al producto.
En una primera apelación en julio de 2019, la indemnización para el afectado fue revisada a la baja. Un fallo inicial en marzo de 2019 le había acordado 80 millones de dólares al querellante, una suma que se redujo a 25 millones: 5 millones por indemnización y 20 millones en daños punitivos.
Hardeman fue uno de los primeros querellantes que llevó a Monsanto ante la Justicia, señalando al herbicida que utilizó durante 25 años en su propiedad de provocar cáncer, y acusando al grupo Monsanto de engañar a sus clientes al afirmar que el glifosato era inofensivo.
Monsanto siempre argumentó que ningún estudio concluyó sobre la peligrosidad del glifosato y del Roundup, que salió al mercado en los años 70. El grupo Bayer compró a Monsanto en 2018 por 63.000 millones de dólares. El grupo se manifestó «decepcionado» por el fallo este viernes y dijo que continuará considerando «todas las opciones legales, incluyendo llevar el caso a la Corte Suprema».
En Colombia, el gobierno de Iván Duque insiste en utilizar este producto químico que es cancerígeno.
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