La vicecanciller Marta Lucía Ramírez del gobierno Duque fue involucrada en la investigación que realiza la Fiscalía de Napoli, Italia, contra Massimo D’Alema y Alessandro Profumo.
“En las pesquisas también participan Edgardo Fierro Flores, jefe del grupo de trabajo para la presentación de oportunidades en Colombia, Marta Lucía Ramírez, canciller colombiana, y finalmente Germán Monroy Ramírez y Francisco Joya Prieto, delegados de la comisión del Senado colombiano”, dice la prensa de Italia.
$40 MILLONES DE EUROS en manos colombianas
La investigación señala que Marta Lucía Ramírez sería la responsable de recibir $40 millones de euros, porque la otra mitad se quedaría en Italia. En total se habla de $80 millones de euros en recompensas ilegales.
La fiscalía, en las investigaciones, sostiene que en los últimos años “los sujetos investigados han trabajado en diversas funciones como promotores de la iniciativa económica comercial de vender al Gobierno de Colombia productos de empresas italianas con participación pública -Leonardo, en particular aeronaves M 346, y Fincantieri , en particular Corbetas y pequeños submarinos y construcción de astilleros- con el fin de obtener de las autoridades colombianas la conclusión de los acuerdos formales y definitivos relativos a los suministros descritos y cuyo valor económico total ascendió a más de 4 mil millones de euros». Giuseppe Giorgi, exgerente general de Fincantieri, también estuvo involucrado en la investigación.
Esta mañana, Digos registró las casas de Massimo D’Alema, ex primer ministro, y Alessandro Profumo, banquero y gerente de la empresa, exdirector ejecutivo de Leonardo, una empresa estatal en el sector de la defensa.
El allanamiento se dio porque se adelantan investigaciones por la venta de armas y naves militares a Colombia, las cuales ya se dieron a conocer en los últimos meses. En los últimos días también habían sido buscados dos corredores, Emanuele Caruso y Francesco Amato, quienes presuntamente mediaron en la venta utilizando credenciales falsas.
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La negociación existe, y esto no está en duda. En el centro de la investigación, sin embargo, está la posibilidad de que, en el contexto de la venta regular de armamento italiano a Colombia, algunos hayan intentado obtener ganancias ilícitas.
El reparto de la suma se habría realizado utilizando un despacho de abogados radicado en Miami informado por D’Alema, Robert Allen Law, representado en Italia en esta negociación por Umberto Bonavita y Gherardo Gardo.
D’Alema, nuevamente en marzo, admitió a La Repubblica que había tratado con Colombia «pero en otros temas». Luego dijo que había sido contactado por «figuras políticas colombianas» que le pidieron información sobre la compra de productos militares italianos, y que » inmediatamente informó a Leonardo y Fincantieri «.
Posteriormente, dijo, «los contactos que se iniciaron tuvieron carácter oficial» y se referían a un despacho de abogados no vinculado a D’Alema.
En una llamada telefónica posterior a D’Alema, un mediador colombiano se quejaría después de que no le habían pagado («me consideraba el garante de la operación», dijo el ex primer ministro) y en ese momento D’Alema se habría pronunciado la frase surgió de las grabaciones: «Es una estupidez crear problemas, estamos convencidos de que vamos a recibir 80 millones, esto es lo que está en juego».
El ex primer ministro no habría ganado, en un caso u otro, pero habría tratado de convencer a los colombianos «en interés de Italia, de Leonardo y Fincantieri que tienen un peso importante en el sistema económico italiano». Mientras tanto, la negociación quedó suspendida.
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