El hotel La Ermita, en la ciudad de Cartagena, que fue construido por la empresa Hitos Urbanos, donde funge como socio Álvaro Rincón, el esposo de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, sobrepasa los límites de altura que les permite el POT, por lo que, pone en riesgo la declaratoria de la ciudad por parte de la UNESCO como Patrimonio Cultural e Histórico de la Humanidad. Esposo de Marta Lucía Ramírez, exsocio de Memo Fantasma violó el POT de San Andrés.
“A la denuncia por las irregularidades en la licencia de construcción del Grand Sirenis, en San Andrés, se suma la de Gema Tours, en Cartagena, hotel del que es socio y constructor Hitos Urbanos”, así lo denunció el periodista Juan Pablo Barrientos de Caracol Radio.
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Este proyecto de construcción habría pasado por encima de la normatividad contenida en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), de la ciudad de Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural de la Humanidad.
La construcción cuenta con una licencia de construcción otorgada por una persona que la aprobó sin tener la competencia para hacerlo, esta empresa construyó la edificación que sobrepasa la altura autorizada en el Distrito.
Hecho que, si no se subsana a tiempo, puede constituirse en justificación suficiente para perder la Declaración, concedida por la UNESCO, como Patrimonio cultural de la Humanidad, por la riqueza cultural que subyace en el territorio de la ciudad.
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Llama la atención que, en la isla de San Andrés, esta misma empresa, de donde es socio el señor Álvaro Rincón, esposo de la vicepresidenta de Colombia, también desconoció la normatividad, superando la altura permitida en la construcción del Grand Sirenis.
Además de ostentar una licencia de construcción que contenía algunas irregularidades, se permitió una construcción de once pisos, cuando la norma sólo contempla hasta seis pisos de construcción y se adueñaron de la playa pública al frente de la edificación.
La Gobernación de San Andrés le ordenó, a través de la resolución 3384 de 2018 a la familia Gallardo, restituir en un término de 30 días la playa que la empresa Hitos Urbanos reclama como propia y que les vendió a los inversionistas del Grand Sirenis. Esos 30 días se cumplieron en mayo de 2018.
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