En el cubrimiento realizado por los medios tradicionales de Colombia al paro nacional 28A, se evidencia una posición política que estigmatiza y criminaliza la protesta social.
Dichas acciones, termina legitimando los señalamientos que, desde diferentes sectores sociales, se hacen a quienes salen a las calles a exigir sus derechos.
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Por lo tanto, se termina imponiendo el concepto de “vándalos”, como sinónimo de manifestantes. Los términos que más se repiten son: violencia, desmanes, vándalos y criminales, para hacer referencia la protesta social; desconociendo el potencial transformador que tienen los proyectos políticos.
Ante este contexto, la pregunta es ¿Los “vándalos” son quienes salen a protestar a las calles o los involucrados en casos de corrupción?
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Casos de vandalismo en Colombia
Un buen ejemplo fue lo sucedido con la caída del puente Chirajara, donde al parecer los responsables son los organismos del Estado y, por supuesto, los actores privados que se dieron a hacer los estudios y ejecutar las obras. El hombre más rico de Colombia Luis Carlos Sarmiento Angulo es uno de los hombres involucrados en este acto de corrupción.
El caso de Odebrecht no se queda atrás. Una de las empresas del Grupo Aval Acciones y Valores SA, Corficolombiana; se asoció con la compañía brasileña en su proyecto más grande en Colombia, una sección de la autopista conocida como Ruta del Sol.
El costo estimado de la Ruta fue de 2.500 millones de dólares. Entre 2009 y 2014, Odebrecht pagó millonarios sobornos para adjudicarse el contrato. Aval aseguró en repetidas ocasiones que desconocía los pagos ilegales.
En diciembre de 2016, Odebrecht admitió haber pagado $788 millones de dólares en sobornos en 12 países, incluido Colombia.
El escándalo de corrupción que involucra a Reficar sucedido en 2016, en la ciudad de Cartagena, luego de que la Contraloría General de Colombia publicara un reporte, en el cual detallaba la extensión del detrimento.
Entre las razones principales de la investigación, aparece un posible desfalco en el megaproyecto de la ampliación de la refinería; como también el sobrecosto de la obra que se estima entre cuatro mil millones de dólares.
Este sería el peor escándalo de corrupción reportado en la historia de Colombia. Se señaló que están involucrados funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos.
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