La Contraloría General de la Nación decidió imputar cargos a 19 personas debido al caso de Hidroituango, que derivó en un supuesto detrimento de, aproximadamente, 4.1 billones de pesos.
Esto debido a irregularidades que se presentaron durante la ejecución del proyecto, e incluso puede estar relacionado con algunos detalles en los procesos de contratación.
Dentro de las personas que han sido imputadas por la Contraloría se encuentra nada más y nada menos que el exgobernador de Antioquia y también candidato presidencial, Sergio Fajardo.
Quien habría sido aspirante a la presidencia de Colombia en las pasadas elecciones de 2018 con la Coalición Colombia.
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Además de Fajardo, se encuentran implicados el gobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, el exgobernador Luis Alfredo Ramos, el exalcalde Fabio Alonso Salazar, la secretaria de Planeación Departamental, María Eugenia Ramos Villa, y el exsecretario de infraestructura, Rafael Andrés Nanclares Ospina.
A su vez, los gerentes de EPM, Federico Restrepo Posada y Juan Esteban Suárez Restrepo, también fueron llamados a imputación.
Los gerentes de Hidroituango, Luis Guillermo Gómez y Jhon Alberto Maya, también tendrían que responder por el caso del fallido proyecto de la Hidroeléctrica.
Según mencionó la Contraloría, el detrimento que supera los 4 billones de pesos sería justificante para imputar cargos a estas personas.
Sergio Fajardo habría sido sindicado de no cumplir con sus responsabilidades y no cuidar la ejecución del proyecto pese a ser miembro de la Junta Directiva en el proceso que fue aperturado en noviembre del pasado 2019.
Algunas contratistas que intervinieron directamente en la ejecución del proyecto también fueron imputadas. Aquí encontramos al Consorcio Túneles Ituango, el Consocio Ingetec, el Consorcio Generación Ituango.
Dichas contratistas estaban encargadas de la construcción de los túneles de desviación, de interventorías, de diseño y asesoría del proyecto.
Las pérdidas por más de 4 billones se habrían alcanzado debido a la demora en el funcionamiento de la hidroeléctrica, ya que al no entrar en operación se habrían perdido, por lo menos, 1.1 billones.
Además, la destrucción de bienes y pagos injustificados completarían la cifra estimada por la Contraloría.
Tras la tragedia, el 28 de abril de 2018, por el incremento en el nivel del río Cauca, las pérdidas superaron los 800 millones de pesos.
En caso de hallarse culpables a los implicados, y de emitirse condena fiscal, esto les impediría aspirar a cargos públicos y volver a trabajar con el Estado hasta que cumplan su condena.
Tal escenario pondría en aprietos a Sergio Fajardo, quien ha manifestado su intención de volver a lanzarse como candidato presidencial en las elecciones de 2022.
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