El gobierno del presidente Gustavo Petro, junto con el ADRES, ha descubierto que más de 100 IPS y clínicas no existen y aún así facturaban.
Las IPS presentaban grandes cuentas de cobro al Estado, haciendo creer que habían utilizado los servicios de estas IPS y clínicas.
¿Por qué no aprueban la reforma a la salud?
En las facturas que las IPS presentaban, se justificaban millones de pesos entre tratamientos médicos, citas, medicamentos, y los accidentes de tránsito fueron lo que más facturaron.
Por esta razón, los dueños y gerentes de las IPS han criticado el proyecto de reforma a la salud del presidente Petro, ya que ningún gobierno anterior había realizado una investigación tan exhaustiva que involucrara tanto dinero.
Este problema se remonta a 2011, cuando el general Óscar Naranjo denunció lo mismo ese año, descubriendo también la existencia de estas «clínicas de papel”.
Sin embargo, esta denuncia cayó en el olvido en Colombia y no se volvió a mencionar nada al respecto, a pesar de que el general Naranjo informó al Gobierno de turno.
La pregunta que muchos se hacen es: ¿Qué sucedió con este caso? Simplemente quedó en el olvido, y lamentablemente los gobiernos anteriores guardaron silencio ante esta grave situación.
Han pasado 13 años desde que esta denuncia quedó enterrada, y ahora es el presidente Petro, con la ayuda del ADRES, quien ha revivido este caso y está examinando cada detalle minuciosamente.
El presidente Gustavo Petro expresó su preocupación por esta situación a través de su cuenta oficial de X: «Así se robaban los dineros de la salud”.
La investigación realizada por el gobierno actual indica que todo se originó por las cuentas que las IPS presentaban, siendo los accidentes de tránsito el mayor cobro reportado, donde no solo se falsificaba información, sino que también se inventaban los siniestros.
Por ello, el gobierno ahora implementará una nueva medida para estas cuentas de cobro: las IPS deberán adjuntar la factura, como se venía haciendo, y la trazabilidad en tránsito y transporte de la ciudad.
El director del ADRES, Félix León, ha anunciado que en el segundo semestre de 2024 exigirán «pruebas como lo exige el código de procedimiento penal, un reporte ante una autoridad judicial de las lesiones para evitar que continúen inventándose accidentes”.
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