Juan José Lafaurie Cabal, abogado penalista e hijo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y del presidente de Fedegán José Félix Lafaurie, habría accedido a un crédito agropecuario blando por 400 millones de pesos y a un subsidio del Incentivo a la Capacitación Rural (ICR) por $95.273.700, pagado por los contribuyentes colombianos.
El problema es que una auditoría interna de Finagro habría encontrado «una secuencia de inconsistencias estructurales sobre la tenencia de la tierra y la identificación de los beneficiarios del proyecto», según reveló El Reporte Coronell.
Irregular y beneficiarios ocultos, el caso Lafaurie Cabal en Finagro
Para acceder a esos beneficios, Lafaurie Cabal habría declarado en un formulario oficial que era el dueño del predio donde se invertiría el dinero público.
Sin embargo, al revisar los registros de propiedad, los auditores habrían verificado que la tierra no figura a su nombre, sino a nombre de una empresa denominada Inversiones Lafaurie Cabal, sociedad que a su vez le compró ese terreno a su padre, José Félix Lafaurie. Además, el Estado habría actuado como fiador del 80% de la deuda a través del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).
Según los documentos revelados por ese programa, la senadora María Fernanda Cabal figura como socia de Inversiones Lafaurie Cabal con un capital de $2,5 millones de pesos.
Junto a ella aparecen sus hijos Luisa Fernanda, Denisse y Santiago, cada uno con el mismo aporte, para un total de $10 millones en acciones. Es decir, la madre del beneficiario del crédito es socia de la empresa dueña de la tierra que él declaró como propia.
Para intentar demostrar que tenía acceso legal al predio, Lafaurie Cabal habría presentado ante Serfinanza, entidad encargada de estructurar el crédito, un contrato de comodato que describió como «gratuito».
Un comodato es un préstamo de uso sin contraprestación económica. El informe de auditoría señala al respecto que quien entregó el comodato no fue Inversiones Lafaurie Cabal, sino una tercera sociedad, Lafaurie Cabal S. en C., y que no se demostró a qué título esa empresa tenía la facultad de disponer del predio: «La línea de derecho sobre el inmueble no se encuentra demostrada».
Según el informe, ese contrato de comodato establece que el comodatario, es decir, quien recibió el uso del terreno, debía transferir el 20% de las utilidades netas a la sociedad propietaria y ceder el 100% de las mejoras realizadas, incluyendo el cultivo financiado con recursos públicos.
Los auditores concluyen que «al exigir esta contraprestación económica y patrimonial, el contrato no es gratuito», lo cual desnaturaliza la figura del comodato y convierte a la empresa dueña del predio en «una cobeneficiaria material de la inversión, generando una multiplicidad de beneficiarios sobre el proyecto agropecuario objeto del incentivo».
En términos simples, los recursos del subsidio habrían beneficiado no solo al solicitante formal del crédito, quien habría calificado como pequeño productor, sino también a la empresa propietaria del terreno, en la que participa la senadora Cabal. Por esas razones, la auditoría habría concluido que existió una «desnaturalización» del comodato y que el verdadero beneficiario de los fondos públicos no sería un pequeño productor rural.
Finagro habría mantenido ese informe en reserva, según El Reporte Coronell, el documento interno exige «una revisión integral» del caso, aunque hasta el momento no se conoce ninguna decisión oficial al respecto.
Serfinanza, por su parte, fue la entidad encargada de estructurar y presentar la operación ante Finagro, y la auditoría cuestiona cómo se presentó la información sobre la gratuidad del comodato para acceder a los beneficios públicos del Estado.
