La senadora María Fernanda Cabal volvió a encender la polémica política tras cuestionar al gobierno del presidente Gustavo Petro por la adjudicación de contratos directos al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), que superarían los $218.000 millones de pesos entre 2024 y 2026.
A través de su cuenta en redes sociales, la congresista afirmó que los millonarios acuerdos estarían orientados a obtener respaldo electoral para el senador Iván Cepeda, una acusación que se da en medio de reportes periodísticos sobre la magnitud de la contratación estatal con organizaciones indígenas.
Contratos millonarios bajo la lupa
Las declaraciones de Cabal se producen luego de una investigación del diario El Colombiano, que reveló la firma de al menos 23 contratos entre entidades del Estado y organizaciones indígenas por más de $218.000 millones entre 2024 y 2026.
Según el informe, varios de estos acuerdos se realizaron mediante contratación directa, bajo argumentos como el “conocimiento ancestral” y la representación territorial, lo que permite omitir procesos de licitación tradicionales.
Uno de los puntos que ha llamado la atención es la fecha de algunos contratos. El 30 de enero, un día antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías electorales, se firmaron tres acuerdos por $3.929 millones, lo que ha generado cuestionamientos sobre el momento de su adjudicación.
En ese contexto, Cabal expresó en su cuenta de X: “¿Esa plata le llega a los indígenas? $218 mil millones de pesos en contratos para que apoyen electoralmente a Cepeda (…) mientras tanto, miles de indígenas siguen viviendo en precarias condiciones”.
La senadora insistió en que estos recursos no estarían cumpliendo su objetivo social. Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a su posición y no han sido comprobadas.
Un debate más amplio sobre contratación pública
Más allá de la controversia política, el tema ha abierto un debate sobre la transparencia en la asignación de recursos públicos y el papel de las organizaciones indígenas en la ejecución de contratos estatales.
Desde el Gobierno se ha defendido este tipo de contratación. Según han señalado voceros oficiales, estos mecanismos buscan “reconocer la autonomía de los pueblos indígenas” y facilitar la implementación de proyectos en sus territorios.
No obstante, la magnitud de los recursos y la participación de múltiples entidades, como el Departamento Nacional de Planeación, varios ministerios y fondos estatales, han generado inquietudes en distintos sectores.
De acuerdo con datos de El Tiempo, en lo que va del actual gobierno se han firmado más de 80.000 contratos con organizaciones público-populares, incluidas comunidades indígenas, juntas de acción comunal y resguardos.
En medio del debate político, también ha sido mencionada la lideresa Aida Quilcué, aunque no existe evidencia presentada que confirme vínculos electorales derivados de estos contratos.
