La carta de respuesta de Salvatore Mancuso al exministro Álvaro Leyva, reafirma la intención del exjefe paramilitar de confesar la verdad de cara al pueblo colombiano en procura de la paz y la reconciliación. ¿A quiénes salpicará Mancuso con esa verdad?
Su compromiso con la verdad
Salvatore Mancuso, tras haberse desmovilizado del paramilitarismo en 2005, hizo una serie de revelaciones que comprometerían a importantes personalidades de la política nacional.
Fue extraditado a los Estados Unidos en el 2008, lo que calificó en numerosas ocasiones como una sucia estrategia del Estado para silenciarlo, como falta de voluntad política para la finalización del conflicto armado en Colombia.
«Intentaron silenciarme»
Mancuso también asegura en su carta, ser víctima de intimidaciones y torturas, evitándose que se sepa su versión del conflicto desde una perspectiva macro y cercana, y que sus declaraciones salpiquen a quienes hoy controlan la política colombiana.
Y es que el ex narcotraficante ha tocado puntos neurálgicos y, asegura que, pese a todo lo que ha revelado, Colombia y sus víctimas siguen sin conocer la totalidad de la verdad detrás del conflicto armado, de sus protagonistas y de sus colaboradores.
Lo que da a entender que aún queda mucha información por revelar.
Por este motivo, Mancuso y algunas víctimas, han solicitado que se proteja su vida y la de su familia para que la historia pueda ser contada.
Detrás de toda la intimidación, manipulación y tergiversación de los hechos, se escondería el propósito de evitar que las acusaciones de Mancuso lleguen ante la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz.
Entre otras cosas, porque el desmovilizado asegura que cuenta con pruebas y evidencias fehacientes de lo que ha repetido en sus declaraciones.
Acusaciones de Mancuso
Mancuso asegura que la reconocida Ley de Justicia y Paz, resultado de los diálogos entre el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez con las AUC, no abordó la confesión de crímenes ni la reparación a las víctimas por parte del paramilitarismo.
De este modo, asegura que se intentó ocultar la verdad en lugar de revelarla, y les convirtió en víctimas en lugar de victimarios.
León Valencia, Director de la Fundación de Paz y Reconciliación, PARES, señaló «que la Corte Suprema de Justicia ha determinado no calificar de delito político la actividad paramilitar».
Esto se debe a que esa categoría se otorga a las fuerzas subversivas que se enfrentan al Estado.
El paramilitarismo no se habría enfrentado al Estado, como sí lo hicieron las guerrillas, sino que actúo desde el interior del Estado, conviviendo con él.
El hecho de que el paramilitarismo no sea considerado delito político, les confiere beneficios pese a las violaciones cometidas contra los Derechos Humanos.
Curiosamente, el uribismo siempre se ha opuesto a los Acuerdos de Paz del Gobierno con las FARC por considerar que mantienen impunes los actos cometidos por la guerrilla y no garantiza reparación a las víctimas.
Pero algo similar ocurrió con la Ley de Justicia y Paz del Gobierno Uribe con el paramilitarismo, según lo que manifiesta Mancuso en sus declaraciones.
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Paramilitarismo de Estado salpicaría a Congresistas
Otra de las acusaciones de Mancuso correspondería a lo que él llama «Paramilitarismo de Estado», donde afirma que el 35% de los honorables congresistas colombianos habrían sido financiados por las AUC.
José Miguel Narváez, segundo salpicado
El exjefe paramilitar, señaló al subdirector del DAS como responsable del asesinato del reconocido mediador de paz, Jaime Garzón.
Francisco «Pacho» Santos, colaborador del paramilitarismo
Afirmó que hubo colaboración de parte de ciertas personalidades cercanas al Gobierno de Uribe con los grupos paramilitares, entre ellos Francisco Santos, quien hoy funge como embajador de Colombia en Estados Unidos.
Ante tal declaración, Pacho Santos respondió que evalúa la posibilidad de emprender acciones legales contra Mancuso, señalando que no existe evidencia ni pruebas que soporten sus acusaciones.
Álvaro Uribe Vélez, nexos con paramilitares e impunidad
Mancuso también ha hecho referencia, en reiteradas ocasiones, a los nexos del expresidente Álvaro Uribe con el paramilitarismo, asegurando que sostuvo varias reuniones con él cuando se desempeñaba como Gobernador del Departamento de Antioquia.
Según el exjefe paramilitar, él mismo ayudó a financiar la campaña de reelección del Expresidente Álvaro Uribe Vélez con inyección de dinero y con trabajos realizados en las comunidades.
Además, para Mancuso, Uribe arregló que la Ley de Justicia y Paz solo fuese un «régimen de negación que despojó al Estado de sus responsabilidades por las violaciones y la perpetuación del conflicto armado”.
