De acuerdo con el proyecto de ley que fue presentado en el Senado de los Estados Unidos, se estarían proponiendo nuevas condiciones y limitantes a la ayuda que envía este país a Colombia por causa de las graves violaciones a los derechos humanos.
Esta vez, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, sería uno de los afectados con las medidas que se piensan aprobar desde el país norteamericano.
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La crisis de derechos humanos en Colombia
El Congreso de los Estados Unidos de América ha venido sesionando y debatiendo acerca de los fondos y ayudas que son enviadas a Colombia para la financiación de la lucha antinarcóticos y la Policía Nacional.
Con el paro nacional que tuvo lugar en Colombia desde el pasado mes de abril de 2021, un gran sector de la población del país se volcó a las calles a protestar en contra de la reforma tributaria propuesta por el ministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque.
Sin embargo, tras el retiro de la reforma y la renuncia del ministro, la población continuó en las calles exigiendo medidas más justas y rechazando el olvido estatal en que se han visto sumidos durante años.
El gobierno nacional, en lugar de dialogar, ordenó un mayor repliegue de la Fuerza Pública, y uniformados de la Policía y ESMAD cometieron graves violaciones a los derechos humanos por un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.
Utilizaron armas no letales y letales contra manifestantes desarmados, y generaron una gran crisis humanitaria que fue documentada por organizaciones sociales nacionales e internacionales y que puso a Colombia en la mira del mundo.
Estados Unidos tomará cartas en el asunto
Las alarmantes denuncias llegaron hasta el Congreso de los Estados Unidos que, desde entonces, ha venido discutiendo limitar los recursos enviados a Colombia y condicionarlos a la protección de los derechos humanos.
Esta vez, el Senado propuso que nada de los recursos de su país sean destinados al ESMAD, y que el 5% de los dineros para la lucha antinarcóticos sean retenidos hasta que el secretario de Estado certifique que Colombia está investigando a los uniformados culpables de tales violaciones.
La Cámara de Representantes propuso la retención del 30% de los recursos, por lo que ahora se deberá conciliar y unificar el proyecto de ley.
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