La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, habría resuelto archivar una serie de investigaciones, dentro de las cuales se encuentra el mayor escándalo de corrupción al interior de la división de Inteligencia de las Fuerzas Militares en Colombia.
En este caso estarían involucrados coroneles, generales y varios militares, cuyo testimonio y evidencias dejan una gran incógnita sobre la transparencia de los procesos en las altas esferas de la inteligencia del país.
El escándalo de corrupción en RIMEC
La procuradora Margarita Cabello nuevamente se encuentra en el centro de la polémica tras haber archivado uno de los más graves y escandalosos casos de corrupción en la inteligencia militar del país.
Según las investigaciones adelantadas, cuyas pruebas resultaron ser insuficientes para la Procuraduría, millonarias sumas de dinero que estaban destinadas a gastos reservados de quienes entregaran información para la protección del Estado colombiano, habrían terminado en los bolsillos de oficiales para cuestiones personales ajenas al objetivo inicial.
Este desvío de dineros que habría tenido lugar entre el 2016 y el 2017 en la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta, RIMEC, fue confesado por varios oficiales y suboficiales que, incluso, fueron sometidos a la prueba del polígrafo.
Uno de los testimonios más reveladores e importantes fue el del coronel Francisco Rodríguez Piramanrique.
En el escándalo, que también involucra a los generales retirados Juan Pablo Rodríguez y Martín Nieto, se investiga si los dineros fueron utilizados, a su vez, para la compra de herramientas de espionaje ilegal en contra de defensores de derechos humanos y funcionarios del gobierno de turno.
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La cuestionable decisión de la Procuraduría
En el 2018, los señalados en el caso fueron imputados por la Procuraduría, pero la misma entidad decidió deshacer la imputación al considerarse que no se respetaron sus derechos. En ese momento, la decisión fue de Fernando Carrillo.
Pese a la gravedad del escándalo y las numerosas pruebas documentales, el proceso habría quedado en nada tras la decisión de la Procuraduría de Margarita Cabello de sepultarlo.
Esto permite cuestionar el funcionamiento de la justicia en el país y confirmar que la impunidad impide que los culpables sean procesados por sus delitos.
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