Luego de que el abogado, Miguel Ángel del Río, presentara recurso de apelación ante la medida privativa de la libertad contra los uniformados, el Juez consideró que las pruebas de la Fiscalía eran suficientes para ratificar su detención.
El Mayor de la Policía, Jefferson Fabián Tocarruncho, y el Sargento Wadith Miguel Velásquez, agentes de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, Dijín, fueron sometidos a detención domiciliaria luego de destapar la ‘Ñeñepolítica’.
Según lo manifestado por la Fiscalía General de la Nación, el ente que efectuó la captura de los uniformados, estos habrían incurrido en interceptación ilegal de las comunicaciones de sus subordinados.
- Postobón de Ardila Lülle: el dueño de un color
- ¿Cómo inscribirse para el subsidio de Renta Joven?
- Falla en iluminación paraliza operaciones nocturnas en aeropuerto de San Andrés
¿Cómo destaparon la Ñeñepolítica?
Tras iniciar una investigación sobre la muerte del reconocido ganadero y narcotraficante ‘Ñeñe’ Hernández, las interceptaciones de los audios dieron lugar a la sospecha de robo de dineros del narcotráfico por parte de uniformados, y la financiación ilegal de la campaña “Duque Presidente”.
En los audios que fueron revelados, se destapó el escándalo de que la campaña presidencial de actual Jefe de Estado de Colombia, Iván Duque Márquez, habría sido financiada por dinero del narcotraficante ‘Ñeñe’ Hernández.
A lo que se suma que Hernández también habría coordinado la compra de votos para Duque en la Costa Caribe colombiana y Santander.
Incluso, pueden verse fotografías del narcotraficante con el presidente Duque y el expresidente Álvaro Uribe el día de la celebración previa a la posesión presidencial.
Capturados por la Fiscalía
No obstante, la Fiscalía consideró que los agentes incurrieron en un delito al interceptar dichas comunicaciones y revelar los audios, y condenó tales actos como “conductas inapropiadas dentro de la Institución”.
Por su parte, el Juez Tercero Penal confirmó que las pruebas de la Fiscalía eran suficientes para determinar que existió “violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de redes de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal”.
Debido al alto rango que ostentan los agentes de Policía, se decidió mantener y extender la medida de detención domiciliaria para evitar posible obstrucción a la justicia.
