La periodista de la W Radio, Paola Herrera, publicó una primicia que trata de una demanda millonaria que entabló el gobierno nacional a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC), en contra de dos bancos que, de acuerdo con el Ministerio, son responsables en el caso de Centros Poblados.
“PRIMICIA: Colombia demandó por $415.000 millones a los bancos ITAÚ y BBVA por considerarlos responsables en el caso Centros Poblados.”, afirmó la periodista de la W Radio, Paola Herrera.
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Se trata de los bancos Itaú y BBVA que fueron demandados por el gobierno nacional por la suma de $415 millones al considerarlos responsables de la pérdida de $70 mil millones de pesos que se entregaron a Centros Poblados como anticipo del contrato para brindar internet a miles de escuelas rurales colombianas, ubicadas en las zonas más apartadas del país.
La W Radio da cuenta de dos demandas interpuestas por el MinTic, una solicitando la nulidad del contrato de aporte firmado entre las partes, ya que, según el criterio del MinTic, la existencia de una falsa garantía bancaria por parte del Banco Itaú anula todo el proceso.
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En este primer proceso se solicita el pago de una indemnización por parte del Banco Itaú, por no asegurarse de la legitimidad de unas garantías que debieron ser salvaguardadas por una entidad tan grande que, se supone, cuenta con sistemas de seguridad que garanticen la custodia de sus activos.
Además, junto con el Banco Itaú, otros nombres involucrados en el escándalo que también deben responder son: Nuovo Security LLC, Inselsa, Emilio Tapia, Ottomar Lascarro Torres, Juan José Laverde, Luis Fernando Duque Torres, Jorge Enrique Torres Benavides y Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, quienes fueron los beneficiarios al recibir el anticipo.
El monto en esta demanda, asciende a la suma de $345.839 millones, incluyendo el reembolso de los $70.000 millones perdidos.
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La segunda demanda se entabló en contra de la fiduciaria BBVA ASSET MANAGEMENT S.A., ya que, de acuerdo con el MinTic, se omitieron las normas y los estándares en materia de prevención sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo. Teniendo en cuenta que era la entidad encargada de revisar y aprobar el anticipo de los $70.000 millones, no constató que las facturas entregadas por el contratista presentaban inconsistencias.
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