El departamento de La Guajira nuevamente protagoniza otro escandaloso caso de corrupción, esta vez por cuenta de un contrato en que se pagaron 58 millones de pesos mensuales a médicos que nunca atendieron ningún paciente.
Esto condujo a un detrimento patrimonial en el municipio de Manaure por más de 2.800 millones de pesos.
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La corrupción en Colombia se convirtió en tema de cada día, sobre todo en algunas zonas que más han experimentado el olvido estatal y la hegemonía de clanes políticos mafiosos.
La Guajira es uno de los departamentos más pobres del país, en que las condiciones de vida de los habitantes son motivo de alarma constante entre las organizaciones sociales y de derechos humanos.
La fiscalía general de la Nación anunció hace poco la imputación del exalcalde de Manaure, David Díaz Rivera, y la exsecretaria de salud, Angélica Manotas Moscote, por participar en un escándalo de corrupción que condujo a un millonario detrimento patrimonial.
Los funcionarios habrían firmado un contrato en que se pretendía garantizar la atención médica de miembros de las comunidades indígenas asentados en las zonas desérticas del municipio, de modo que se redujera la mortalidad infantil por causa del fenómeno de la niña.
Además, también comprendía la entrega de kits alimenticios y el acceso a agua potable.
Tal contrato fue firmado en el año 2015 por valor de 8 mil millones de pesos, aspirándose a atender a 2 mil familias, sin embargo, tal atención nunca se hizo efectiva.
La contratista a la que le fue adjudicado el contrato, IPS Sol Wayúu, no tenía capacidad para ejecutarlo ni tenía la autorización de la secretaría de salud. Pese a ello, ganaron la licitación mucho tiempo antes.
La comunidad no fue atendida pero los recursos fueron desembolsados. También se hallaron sobrecostos y recibos de pago de médicos por 58 millones sin que estos hubiesen asistido a las rancherías.
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