Luego de que se conociera el fallo de la Contraloría General de la Nación debido a una investigación que demostró un daño patrimonial o detrimento de 300 mil millones de pesos en el contrato de los peajes internos de Cartagena, el Colegio Nacional de Abogados, CNA, solicitó a la Procuraduría Nacional de la Nación, que se suspenda la concesión de los peajes en la ciudad.
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Según el concepto emitido por el ente de control, los peajes internos de la ciudad de Cartagena, que son Bazurto, Ceballos, Corralito de Piedra y la Heroica, habrían cumplido su Tasa Interna de Retorno, TIR, desde el pasado año 2015, por lo que el daño patrimonial ascendería a una cifra millonaria que ha resultado en las manifestaciones y protestas por parte de los ciudadanos.
Desde el momento en que se conoció la conclusión de la investigación, los cartageneros han promovido distintas movilizaciones en los diferentes peajes de la ciudad, declarándose en desobediencia civil.
Procurando que se levanten las talanqueras y que no se realice el cobro del peaje al considerarlo un cobro ilegal, de acuerdo a lo que fue descubierto por la Contraloría.
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Estas manifestaciones han sido, incluso, acompañadas por el Alcalde Distrital de Cartagena de Indias, William Dau Chamat, quien se ha sumado a las movilizaciones y ha solicitado, por recomendación del Colegio Nacional de Abogados, que se interrumpa de forma inmediata el cobro de los peajes y que se emprendan acciones legales para suspender de manera definitiva la concesión de los peajes en Cartagena.
Los ciudadanos han ideado novedosas estrategias para que los cartageneros prescindan del pago del peaje. Para esto se han implementado actividades como “la yucatón”, en la cual los conductores pueden comprar 3 kilos de yuca, apoyando el mercado campesino, por los mimos tres mil pesos que pagarían al cruzar el peaje.
Además de esto, tras conocerse el anuncio sobre supuestos agentes de tránsito falsos que estarían al servicio de la concesión vial, intimidando con sanciones a los manifestantes, ha sumado a la indignación de la población cartagenera.
Por esto se dio a conocer la solicitud del CNA ante la procuraduría de suspender el procedimiento administrativo, actos, contratos y ejecución de los mismos, para evitar que se siga contribuyendo al detrimento patrimonial de la ciudad mediante el contrato de los peajes.
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