En los últimos días se conoció un fallo de la Contraloría General de la Nación que dejó en evidencia una serie de posibles irregularidades en el contrato de los peajes de la ciudad de Cartagena de Indias.
El proceso de responsabilidad fiscal habría demostrado un detrimento o daño patrimonial para la ciudad que ascendería a los 300 mil millones de pesos en la ejecución del contrato entre el Distrito de Cartagena y la Concesión Vial S.A.
Este contrato regiría la operación de los peajes de Bazurto, Ceballos, Corralito de Piedra y la Heroica, todos peajes internos de la ciudad.
Según se conoció, la Contraloría General de la Nación habría visitado oficinas de la Valorización, la Empresa de Desarrollo Urbano, Edurbe y la Concesión Vial, de acuerdo a un programa de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, encontrándose que la tasa interna de retorno, TIR, que se había pactado en el contrato, habría sido alcanzada desde el año 2015.
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El organismo de control resolvió vincular al proceso, para ser investigados como responsables fiscales, a siete exalcaldes de la ciudad de Cartagena, algunos exdirectivos de Edurbe, exdirectores del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena, VAL, Concesión Vial, la aseguradora Mapre, para un total de 39 vinculados.
Así lo dio a conocer la Contraloría el pasado 8 de enero de 2021, luego de explicar que no se había encontrado la relación pormenorizada de costos y gastos en los que se incurrió en las obras y operación de la Concesión.
Debido a esto, el Alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, en respuesta a la petición del Colegio Nacional de Abogados, expidió una solicitud de suspensión inmediata del cobro de los peajes internos de la ciudad.
En el oficio se argumenta la medida como necesaria al intentarse evitar que se siga agravando “el posible daño patrimonial advertido por el ente de control.”
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