Según informó Noticias Caracol, miles de ayudas humanitarias y canastas alimenticias para niños de 0 a 5 años y sus madres, en medio de la pandemia, habrían sido reclamadas por personas que figuran como fallecidas.
En el marco de la pandemia por la Covid-19 en el país, una de las medidas tomadas por el gobierno nacional para contener la transmisión del virus fue el aislamiento preventivo obligatorio y la suspensión temporal de la mayoría de actividades económicas.
Dicha decisión trajo consigo una fuerte crisis financiera que algunos expertos han llamado depresión económica con fenómenos deflacionarios.
Muchos colombianos perdieron su empleo debido a la incapacidad de algunas empresas, en su mayoría pequeños emprendimientos, de sostener la nómina y su operación a causa de la crisis.
Los más afectados fueron los trabajadores informales que comprenden un gran porcentaje de los ciudadanos colombianos y, además, según cifras del DANE, más de millón y medio de colombianos disminuyeron el número de comidas diarias por falta de recursos.
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Ante esto, el gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque, destinó recursos para solventar la crisis y sostener a las familias colombianas más vulnerables.
Dentro de sus estrategias, se destinaron miles de canastas alimenticias y nutricionales que pudieran llegar a los infantes entre 0 y 5 años y las madres gestantes y lactantes.
No obstante, según informó el medio noticioso, 28 mil canastas y ayudas humanitarias fueron entregadas por parte de contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, a personas que aparecen como fallecidas en la Registraduría Nacional.
Además, algunas de las madres beneficiadas, figuran en la base de datos como si tuviesen más de 170 hijos, y personas que aparecen como “acudientes” o familiares políticos de más de 170 niños en distintos departamentos del país.
Esta suplantación, de cerca de 15 mil beneficiarios, trajo como consecuencia que más de 2 mil millones de pesos en ayudas humanitarias no fuesen entregadas a quienes en realidad las necesitaban.
En su mayoría, las irregularidades se presentaron en los departamentos de La Guajira, Cesar, Valle del Cauca y Santander.
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