Por vulnerar los derechos fundamentales de las víctimas del caso Uribe al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y verdad, justicia, y reparación, el exfiscal general Eduardo Montealegre y el senador de la República Iván Cepeda Castro, instauraron una tutela contra la Fiscalía general de la Nación. Terrenos baldíos de la Nación habrían terminado en el patrimonio de Álvaro Uribe Vélez.
“La Fiscalía i) Desde el 28 de abril, tiene la obligación de acusar al imputado Uribe y no lo ha hecho; ii) pese a que la única alternativa que tiene es esa, ha dispuesto la práctica de nuevas actividades investigativas. No cabe otra posibilidad distinta a formular acusación”, afirmó el senador Iván Cepeda Castro.
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El senador Iván Cepeda expone cómo la Fiscalía general de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa Delgado, quiere dilatar injustificadamente la actuación penal realizada por la jueza 28 penal del circuito, designando un nuevo delegado para adelantar la investigación, pese a que en este caso no es posible.
Buscando con esto burlar los derechos de las víctimas, violentando sus garantías fundamentales amparadas por la Constitución Política de Colombia, al acceso a la administración de justicia y los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
La jueza 28 Penal del Circuito, Carmen Helena Ortiz, actuando en derecho, negó la solicitud de preclusión, concluyendo que, durante el proceso, no se acreditó ninguna de las causales alegadas, sin embargo, sí existieron elementos materiales probatorios que podrían configurar la responsabilidad de Uribe.
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Ante la nueva estrategia de la Fiscalía que está empecinada en buscar, a cualquier costo, revivir la posibilidad de precluir el caso Uribe, quien fuera imputado por manipulación de testigos y fraude procesal, Cepeda y su defensa debieron proceder.
El único camino legal que le queda a la Fiscalía es llamar a declarar a Uribe por estos delitos, afirman los querellantes, al denunciar las triquiñuelas del fiscal Cárdenas quien pidió la declaración de Uribe y de otras 26 personas, además de solicitar siete registros más.
Para Cepeda y Montealegre el tiempo para llevar a cabo estas nuevas investigaciones ha expirado, por lo tanto, es ilegal.
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