Gobierno colombiano rechaza intención de la ONU de impedir aspersiones con glifosato

Colombia responde a la ONU por aspersiones con glifosato
Colombia responde a la ONU.

El debate sobre el regreso de las aspersiones con glifosato para combatir los cultivos ilícitos en Colombia aún sigue vivo. Mientras que el Departamento de Estado de los Estados Unidos asegura que es una medida necesaria, un grupo de relatores de la ONU intenta impedir su regreso.

De acuerdo con lo informado por el país norteamericano, las cifras del 2020 en materia de erradicación de cultivos ilícitos superaron los logros de los últimos 10 años, erradicándose forzosamente más de 130 mil hectáreas empleadas para este tipo de cultivos y atacando carteles de droga.

Pese a lo alcanzado, Washington insiste en que es necesario complementar las estrategias de erradicación con fumigación aérea, de modo que pueda acabarse con una mayor extensión de estos cultivos.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de la República, en cabeza del nuevo ministro, Diego Molano, aseguró que el Gobierno hará todo lo necesario en materia legal para que las aspersiones aéreas con glifosato puedan ser retomadas en el mes de abril del presente año.

Un grupo de relatores de la Organización de las Naciones Unidas, conformado por relatores de medio ambiente, de derechos humanos, de sustancias tóxicas, de salud y de pueblos indígenas, enviaron una carta dirigida al gobierno colombiano desde el pasado mes de diciembre de 2020.

La misiva expresaba la preocupación de los remitentes por la intención de Colombia de retomar fumigaciones con glifosato, algo que, en su concepto, representa un riesgo claro para los derechos humanos.

Esto, por las posibles consecuencias que podría traer esta sustancia para la salud y la vida humana.

No obstante, la vicecanciller, Adriana Mejía, respondió en representación del gobierno colombiano que no procedía tal Llamamiento Urgente al no cumplir requisitos establecidos en el código de conducta.

Además, argumentó que el Alto Comisionado de la ONU estaría “prejuzgando” sin contar con una base cierta sobre los supuestos incumplimientos del país en la sentencia T-236 de la Corte Constitucional y de sus obligaciones internacionales.

Por este motivo, la funcionaria precisó que el gobierno se abstenía de emitir cualquier otro comentario referente al tema.