Feministas y congresistas respaldan a Hollman Morris, gerente de RTVC

Hollman Morris en Noches de Paz. Foto RTVC
Hollman Morris en Noches de Opinión. Foto: RTVC.

El 31 de marzo de 2026 llegó a la Casa de Nariño una carta abierta dirigida al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, registrada con radicado EXT26-00047570. El documento, firmado por más de 300 mujeres, hombres, organizaciones feministas, sindicales, indígenas y afrodescendientes, defiende a Hollman Morris como gerente de RTVC y rechaza lo que sus autores llaman una «operación política» para debilitar la comunicación pública colombiana.

La intención de la carta es demostrar que el escándalo sobre acoso sexual en los medios no nació el 20 de marzo de 2026. Según el documento, nació en 2017, en 2019 y en 2023, «cada vez que una mujer periodista ingresó a la oficina de un presentador estrella de los principales canales privados del país y salió con miedo, con vergüenza y con la certeza de que si hablaba perdería su trabajo.»

Hollman Morris, gerente RTVC
Hollman Morris, gerente RTVC.

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Los hechos jurídicos que el debate silencia

El documento explica que a la fecha de suscripción de la carta, Hollman Morris no ha sido sancionado penal, disciplinaria ni fiscalmente por actos de acoso sexual, acoso laboral ni detrimento patrimonial del Estado, y tampoco existen procesos abiertos en su contra.

«Las redes sociales y los medios no son estrados judiciales. En un Estado Social de Derecho, la culpabilidad se determina mediante proceso, prueba y autoridad competente», reza el documento.

La senadora Gloria Flórez fue una de las firmantes más visibles. En su cuenta de X, publicó que «una vez estalló el escándalo de Caracol Televisión, inició una campaña para desviar la atención hacia el Gerente de RTVC, quien no ha tenido ningún tipo de sanción por acoso sexual, acoso laboral o detrimento patrimonial, ni tampoco tiene investigaciones abiertas por estos motivos.»

La senadora electa Sandra Chindoy también respaldó el documento y fue más directa al señalar que «sectores de la prensa y oportunistas hoy pretenden ser jueces, desconociendo el debido proceso y mancillando el nombre de quien como pocos ha defendido el proyecto progresista.»

La carta hace una pregunta incómoda al presidente Petro: ¿a quién le conviene que RTVC esté en el centro de una crisis justo cuando el escándalo golpea a Caracol y RCN? Durante décadas, esos dos canales construyeron, en palabras del documento, «un duopolio que determinó qué se decía, cómo se decía y quién podía decirlo.»

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) es citada en el texto para respaldar que las agresiones contra periodistas en medios privados «no son casos aislados sino un patrón histórico que condiciona el ejercicio periodístico de las mujeres, genera entornos de intimidación y promueve la autocensura.»

Los firmantes piden que la Fiscalía y el Ministerio de Trabajo investiguen a Caracol y RCN «con el mismo rigor que se demanda para los medios públicos.»

Entre las voces institucionales que suscribieron la carta aparecen la senadora Gloria Flórez (Pacto Histórico), la senadora electa Sandra Chindoy, la representante Yolanda Silva Romero (Santander, Pacto Histórico), la concejala de Bogotá Ana Teresa Bernal, y directivas de RTVC como Yajaira Perea, periodista y presentadora, Tatiana Pérez, subdirectora de noticias, y María Paula Fonseca, subgerente de televisión.

Las firmantes se declaran feministas y precisamente por eso rechazan lo que denominan instrumentalización de la causa. Citan a la académica Rita Segato para sostener que «el poder no solo se ejerce sobre los cuerpos sino sobre los discursos: capturar el lenguaje feminista para proteger intereses del poder mediático privado es una forma de violencia simbólica contra las mismas mujeres a quienes dice defender.»

La carta termina con las siguientes exigencias concretas al gobierno:

  • Que se respete sin condición el principio de presunción de inocencia en el caso de Morris.
  • Que RTVC sea fortalecida con independencia editorial y recursos suficientes.
  • Que se promuevan «protocolos efectivos de prevención y sanción del acoso sexual y laboral en todos los medios del país, públicos y privados.»