La Fiscalía General de la Nación tomó una decisión inusual en las últimas horas dentro del proceso que adelanta Hollman Morris. Expertos advierten que el ente acusador desconoció lo actuado por sus propios fiscales y la determinación previa de una jueza cediendo presuntamente ante la presión mediática en lugar de apegarse al derecho procesal.
El origen de este conflicto se remonta al año 2019 cuando Lina Castillo acusó en medios al entonces candidato Hollman Morris. Por estos señalamientos el actual funcionario instauró una denuncia por injuria y calumnia mientras que Castillo nunca formalizó sus acusaciones de acoso laboral y sexual ante la justicia ordinaria.
¿Intentan dañar el buen nombre de Hollman Morris?
En su momento la joven afirmó en los micrófonos de La FM que llevaría las denuncias a la Fiscalía y junto con ella otras mujeres. También aseguró que trabajaba en la oficina del concejal indicando que siempre esperaba la hora de salir de trabajar de allí, un hecho que ha sido cuestionado por personas cercanas al equipo de la época.
Sobre este actuar mediático es fundamental recordar la postura del exmagistrado José Gregorio Hernández. El destacado jurista advirtió de manera contundente que las denuncias no se tramitan ni en las redes ni en las cabinas de radio exigiendo respeto por los canales institucionales.
Tras siete años de trámite una jueza con función de conocimiento revisó el caso y encontró que no había méritos para declarar la preclusión. Esta solicitud de cierre había sido elevada por Ana Bejarano, abogada defensora de la indiciada en la actuación penal 110016000050201906645.
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Durante la diligencia judicial la togada tuvo que llamarle la atención a la abogada Bejarano por burlarse en repetidas ocasiones del denunciante. Algunos sectores de la opinión pública y la prensa suelen olvidar que la víctima en este expediente específico por difamación es precisamente Morris.
Al ver negada la preclusión procesal la defensa recurrió a una fuerte estrategia mediática impulsando una carta firmada por varias periodistas. El texto acusaba al denunciante de pretender silenciar a sus presuntas víctimas, un discurso que varios medios de comunicación replicaron sin mayor reflexión investigativa.
Juristas consultados por Pluralidad Z calificaron esta narrativa como un exabrupto monumental contra el sistema judicial. Explicaron que un ciudadano es señalado de delitos, acude a su derecho constitucional, la justicia le empieza a dar la razón y ahora es acusado de silenciar a quienes le endilgan hechos irregulares.
La premisa legal es indiscutible para cualquier ciudadano colombiano frente a los tribunales. Toda persona tiene el derecho constitucional de defender su buen nombre y goza de presunción de inocencia hasta que un tribunal demuestre lo contrario, obrando exactamente como lo hizo el exconcejal al interponer la denuncia.
El panorama actual sugiere que la presión pública llevó a aceptar tesis externas mediante la reciente Resolución 0-0061 sin valorar lo obrado en los estrados.
Si los tribunales se convierten en las cabinas de radio y las sentencias son dictadas por los titulares de prensa el debido proceso queda relegado al olvido absoluto.
