La Revista Cambio denunció que las dos Agencias estatales, la de Infraestructura y la de Minería, están acelerando la adjudicación de dos licitaciones, de manera que sean entregadas antes que comience el gobierno del Pacto Histórico en cabeza de Gustavo Petro. La oposición al gobierno de Duque ha calificado esto como la raspadura de olla, acabando con los recursos actuales y comprometiendo los futuros para dejar maniatado al gobierno de Petro. Duque recibió el país con un déficit de $14 billones y lo entrega con $83 billones.
“La ANI y la Agencia Nacional de Minería está metiendo el acelerador a fondo a dos licitaciones, que serían adjudicadas antes de que el presidente Iván Duque camine por la alfombra roja de salida de la Casa de Nariño.”, fue la denuncia de la Revista Cambio.
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Las agencias denunciadas son: La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que es una agencia gubernamental colombiana, adscrita al Ministerio de Transporte, que se encarga de las concesiones y alianzas público–privadas, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, y administración de la infraestructura de transporte en Colombia.
y la Agencia Nacional de Minería (ANM), un organismo gubernamental colombiano a cargo de fiscalizar la implementación de un nuevo sistema para conceder concesiones a través de un proceso licitatorio, supervisar las concesionarias mediante contratos con auditores privados y fomentar una reforma al código minero. Está a cargo de los programas de formalización y legalización de la minería.
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El gobierno Duque estaría escogiendo las regiones beneficiadas por los contratos de estas dos agencias, con el fin de pagar favores políticos a aquellos gobernadores y alcaldes que apoyaron, tanto su elección como sus programas de gobierno, en perjuicio de otros departamentos que presentan más dificultades y que ameritan mayor inversión social del gobierno nacional.
De acuerdo con la W Radio, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, tiene desespero para adjudicar, antes que acabe el gobierno de Duque, una licitación por la cuantía de 3.2 billones de pesos, con el objeto de restaurar los ecosistemas que fueron afectados por el dragado del Canal del Dique.
Sin embargo, habría que revisar el lleno de los requisitos legales para que se pueda adjudicar esta licitación, ya que existen indicios que la consulta a las comunidades del entorno del proyecto, no han sido del todo suficientes, ya que algunas se están quejando por no haber sido tenidas en cuenta.
Por otra parte, La Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Minas quieren a toda costa entregar la concesión de las minas de carbón de La Jagua de Ibirico y Calenturitas, con el fin de dejar amarrado al gobierno de Petro y entorpecer su política de explotación carbonífera.
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