La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés a 279 meses y 8 días de prisión —cerca de 23 años— por su participación en una red de corrupción que direccionaba contratos estatales a cambio de pagos ilegales.
El fallo corresponde al proceso conocido como Marionetas 2.0, uno de los escándalos de contratación pública más sonados de los últimos años en Colombia.
Corte Suprema sentenció a Ciro Ramírez a 23 años
La condena por corrupción al congresista Ramírez Cortés incluye tres delitos distintos.
En la parte resolutiva, la Corte fue directa: «condenar a Ciro Alejandro Ramírez Cortés como autor del concurso heterogéneo de los ilícitos de concierto para delinquir agravado, autor del punible de cohecho propio, e interviniente del punible de interés indebido en la celebración de contratos».
Más allá de la privación de la libertad, el tribunal impuso inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 280 meses, y una multa de 19.402 salarios mínimos, que equivalen —según la sentencia— a 22.340 millones de pesos para las épocas en que ocurrieron los hechos, suma que «deberá ser consignada a nombre del Ministerio de Justicia».
El documento judicial detalla el propósito real de la red: «el propósito principal de ese plan, diseñado y promovido por el investigado García Jacquier, pretendió afianzar el proyecto político de aquel en Quindío, Caldas, Santander y Tolima; ello, en conjunción con el pago de dádivas que ascenderían a $1.000.000.000».
La historia procesal de Ramírez Cortés tiene varias etapas, en junio de 2023, la Sala de Instrucción inició su investigación formal, antes de que terminara ese año, lo enviaron a la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, como medida de aseguramiento.
Luego vino la acusación formal, el caso pasó a la Sala de Primera Instancia y, a mediados de 2025, recuperó su libertad y regresó al Congreso mientras el juicio avanzaba.
Ese regreso al Congreso mientras enfrentaba un juicio penal generó debate político.
Ramírez Cortés legislaba, votaba y participaba de la actividad parlamentaria mientras la Corte Suprema revisaba los elementos de juicio que terminarían condenándolo.
El senador hacía parte del grupo parlamentario uribista y su vinculación con una red de corrupción en contratos públicos añade presión sobre una colectividad que lleva varios años bajo escrutinio judicial por casos similares.
Con 279 meses de prisión, inhabilitación por 280 meses y una multa multimillonaria, el camino legal de Ciro Ramírez Cortés tiene pocas salidas favorables. La condena de la Sala de Primera Instancia no es la última instancia posible, pero el peso del fallo —y la precisión con que la Corte enumeró cada delito— deja poco margen para interpretaciones optimistas.
