La curul del senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, fue demandada ante el Consejo de Estado en una acción de pérdida de investidura, lo que en la práctica equivale a su «muerte política». La demanda, presentada por el abogado Joan Sebastián Moreno, busca que el congresista sea retirado del cargo y quede inhabilitado para ejercer cualquier cargo público, tras su condena en primera instancia a 23 años de prisión en el caso conocido como «Marionetas 2.0».
La pérdida de investidura de Ciro Ramírez se sustenta en los mismos hechos que llevaron a la Corte Suprema de Justicia a condenarlo por tráfico de influencias e indebida destinación de recursos públicos.
Ciro Ramírez enfrenta demanda de pérdida de investidura
Según la acción judicial, el senador intercedió para favorecer con al menos 13 contratos desde el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), valorados en 24.000 millones de pesos, a la empresa Proyecta Quindío, a cambio de beneficios económicos y electorales para su campaña al Senado.
El despacho del magistrado Wilson Arias Girón verificó que los requisitos sobre hechos y conductas fueron debidamente acreditados, pero pidió una subsanación formal: la entrega de la credencial que acredita a Ramírez como congresista para el año 2021, periodo en que ocurrieron los hechos.
El abogado Moreno anunció que ese documento será entregado el lunes para que el proceso continúe. «El Consejo de Estado ordena al CNE que acredite la condición de senador del senador Ciro Ramírez. Por lo cual, la acción de pérdida de investidura proseguirá», señaló el demandante.
El documento de 541 páginas detalla cómo Ramírez usó a Katherine Rivera Bohórquez, asistente de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), para coordinar reuniones con contratistas de Proyecta, funcionarios del DNP y gobernadores de Amazonas y Putumayo. «Utilizó su investidura para influir en servidores públicos», indica el texto de la demanda.
Para el demandante, los hechos probados en el fallo de la Corte Suprema demuestran que Ramírez no actuó de forma incidental sino con una «desviación sistemática del poder orientado al beneficio económico y político».
La demanda cita casos similares, como el del exsenador Musa Besaile, para argumentar que el patrón de conducta es claro.
Sobre la indebida destinación de recursos, el documento agrega que la condición profesional de Ramírez como abogado eleva su responsabilidad: «permite inferir un mayor grado de conocimiento sobre la antijuridicidad de su conducta y sobre las normas que rigen la contratación estatal».
El accionante también solicitó como prueba el testimonio de Lina Marcela Roldán, gerente de Proyecta, para que declare sobre las afectaciones a la empresa derivadas de esas conductas.
La demanda concluye que las actuaciones de Ramírez afectaron gravemente la moralidad pública y que «la declaratoria de pérdida de investidura se impone como la consecuencia jurídica necesaria frente a la acreditada desviación del poder y la afectación del interés general».
Si el Consejo de Estado falla a favor de la demanda, Ramírez perdería su curul de forma definitiva y quedaría inhabilitado para ocupar cargos públicos, en paralelo a la condena penal que aún enfrenta en segunda instancia.
