En los albores del nuevo milenio, la piscina olímpica de Moniquirá fue presentada como símbolo de progreso. Construida para recibir competencias de los Juegos Nacionales de Colombia 2000, la obra prometía abrir una nueva etapa para el deporte regional. Veinticinco años después, el escenario es un esqueleto de concreto y tuberías oxidadas: un bien público que se deterioró hasta convertirse en evidencia de un posible detrimento patrimonial.
Documentos oficiales y testimonios recogidos por este medio indican que la infraestructura, levantada con recursos públicos nacionales, departamentales y municipales, fue perdiendo mantenimiento de forma progresiva. Las fallas en los sistemas hidráulicos, el abandono de áreas técnicas y la falta de un plan sostenido de operación redujeron el uso del escenario hasta hacerlo inviable para entrenamientos y competencias. El daño no es solo simbólico: expertos en infraestructura deportiva consultados estiman que recuperar hoy una piscina de estas características costaría varios miles de millones de pesos, una cifra que supera con creces el mantenimiento que nunca se ejecutó.
De acuerdo con expedientes en curso, organismos de control adelantan un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde Fredy Iovanny Pardo Pinzón, por presuntas omisiones en el deber de proteger y conservar el bien público. El proceso -aún en etapa de investigación- busca establecer si la falta de acciones oportunas contribuyó al deterioro del escenario y, de ser así, cuantificar el daño al patrimonio del municipio.
El escenario no colapsó: lo dejaron colapsar
Durante años, informes internos advirtieron fallas estructurales, deterioro de sistemas hidráulicos y riesgos sanitarios. Nada se corrigió de fondo. El resultado es un detrimento patrimonial que hoy investigan los organismos de control: millones de pesos en infraestructura pública evaporados, no por un desastre natural, sino por omisión sistemática del deber legal de proteger los bienes del municipio.
El poder que mira al piso
De acuerdo con expedientes conocidos por este medio, cursa un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde Fredy Iovanny Pardo Pinzón, orientado a establecer si, bajo su administración, se incurrió en omisiones que aceleraron la pérdida del escenario. El proceso -aún en trámite- examina decisiones administrativas, presupuestos no ejecutados y la inexistencia de un plan serio de recuperación.
Abogados consultados explican que, si se demuestra que la Alcaldía conocía el riesgo y no actuó, podrían configurarse faltas gravísimas por omisión del deber funcional, una conducta que en Colombia ha sido sancionada disciplinaria y fiscalmente en casos de abandono de bienes públicos. No hay fallo en firme, pero el expediente ya desnuda un patrón: advertencias ignoradas, informes archivados y una cadena de silencios administrativos.
Un Concejo que no incomoda
Mientras el escenario se oxidaba, el Concejo Municipal guardó silencio. Actas de sesiones revisadas por este medio muestran debates esporádicos, sin decisiones de fondo, sin control político efectivo, sin citaciones técnicas que derivaran en planes verificables. En un municipio pequeño, el silencio institucional no es neutral: protege al poder de turno.
Concejales consultados hablaron de «falta de recursos» y «otras prioridades». Para líderes comunitarios, esas explicaciones son parte del problema: «Aquí el control político existe en el papel, no en la práctica», dice un veedor ciudadano. «La piscina se perdió mientras el Concejo miraba para otro lado».
La Asamblea que mira hacia la Gobernación
La crítica no se queda en lo local. Voces del sector deportivo y exfuncionarios señalan que, desde la Asamblea Departamental, las prioridades han orbitado alrededor de la contratación de la Gobernación, no alrededor de la defensa del patrimonio deportivo de municipios como Moniquirá. No hay constancia de debates sostenidos para exigir planes de rescate del escenario, ni presión política real para que los recursos departamentales se traduzcan en recuperación de infraestructura.
Del orgullo político al desinterés heredado
La piscina nació de una gestión política que en su momento fue celebrada. A finales de los noventa, Ciro Ramírez Pinzón impulsó recursos para que Moniquirá fuera sede de competencias nacionales. Era la narrativa del progreso: el municipio entraba al mapa del deporte colombiano.
Hoy, fuentes locales y dirigentes comunitarios coinciden en algo: el actual senador Ciro Ramírez no ha mostrado interés en reivindicar ni continuar esa apuesta histórica por Moniquirá.
No hay gestiones visibles, no hay pronunciamientos públicos, no hay presión política para rescatar el escenario que su padre ayudó a levantar. La distancia no es solo política: para la comunidad, es una ruptura simbólica con la idea de que el poder sirve para algo más que para ganar elecciones.
El costo que no aparece en los balances
La pérdida de la piscina no es solo un número en un informe de la Contraloría General de la República o de la contraloría departamental. Es la cancelación de programas de formación, la renuncia de entrenadores, la migración de talentos deportivos, la imposibilidad de atraer eventos. Es un daño social que no se mide en pesos, pero que pesa en el futuro del municipio.
Moniquirá no es una excepción. Es un ejemplo. El guion es conocido: se inaugura con aplausos, se gobierna con excusas, se abandona en silencio. Cuando llegan los organismos de control, el escenario ya es ruina y los responsables se reparten la culpa entre administraciones pasadas.
En Colombia, la inacción frente al deterioro de un bien público no es un simple error administrativo: es una falta con consecuencias jurídicas concretas. Si el alcalde de Moniquirá continúa sin adoptar medidas efectivas para recuperar la piscina olímpica, puede enfrentar responsabilidad disciplinaria por omitir el deber de proteger el patrimonio municipal, con sanciones que van desde la suspensión hasta la destitución e inhabilidad, conforme al Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019 y Ley 2094 de 2021); responsabilidad fiscal, si los organismos de control prueban detrimento patrimonial, obligándolo a resarcir el daño al erario según la Ley 610 de 2000; y eventual responsabilidad penal si se configura que, con conocimiento del riesgo, permitió la pérdida del bien público, conductas investigables por la Fiscalía General de la Nación bajo los delitos contra la administración pública del Código Penal (Ley 599 de 2000).
A esto se suma la posibilidad de que un juez administrativo, a través de una acción popular o de cumplimiento, ordene de manera perentoria la recuperación del escenario, exponiendo a la administración municipal a sanciones adicionales por desacato si persiste el abandono.
Artículo de Investigación de Daniel Mejía Lozano para Pluralidad Z.
