Víctor Gamboa Chaparro fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación y trasladado al búnker de la entidad en Bogotá, en una operación que sacudió a este municipio turístico del departamento de Boyacá y abrió un nuevo capítulo en las investigaciones por presunta corrupción en la administración local. Según fuentes judiciales citadas por medios colombianos, la detención se produjo en el marco de una investigación por los presuntos delitos de concusión y prevaricato por acción, relacionados con la supuesta exigencia de pagos indebidos a contratistas y ciudadanos a cambio de agilizar trámites administrativos y decisiones urbanísticas.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, volvió a quedar en el centro del debate público tras su pronunciamiento sobre la captura del alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa Chaparro, en el que expresó solidaridad con el alcalde y su familia y pidió respeto por el debido proceso sin dar un mensaje claro en lo importante que es la lucha contra la corrupción.
El mensaje, de tono institucional y muy cercano casi confidente a Víctor Gamboa, ha sido recibido con lecturas encontradas en el departamento mientras funcionarios de la Fiscalía son capturados también por recibir dinero para dilatar las denuncias.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, ha sido objeto de atención mediática en Colombia tras reportes de prensa que indican su participación en una diligencia de versión libre ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en el marco de una investigación preliminar por presunto enriquecimiento sin justa causa, un proceso que, según las mismas fuentes, aún no constituye imputación ni acusación formal y se mantiene en etapa reservada de verificación; de acuerdo con estos reportes, la actuación habría sido solicitada dentro del expediente como parte de su derecho a la defensa, mientras el caso ha alimentado un debate político en Boyacá donde sectores críticos cuestionan la acumulación de poder y patrimonio de figuras regionales, y otros insisten en la presunción de inocencia y en la necesidad de evitar juicios anticipados, en un contexto más amplio de creciente escrutinio sobre la gestión pública en Colombia y la presión ciudadana por mayor transparencia en los procesos de contratación y administración territorial.
Este escándalo se da en medio de la captura de un funcionario de la Fiscalía General de la Nación en Boyacá en el marco de una investigación por el delito de concusión, tras ser señalado de presuntamente abusar de su cargo para exigir beneficios económicos indebidos a ciudadanos en el contexto de trámites o gestiones relacionadas con procesos judiciales, un caso que, según fuentes judiciales, se originó a partir de denuncias y labores de verificación interna que habrían permitido recopilar elementos preliminares sobre el supuesto uso indebido de funciones públicas; el detenido fue puesto a disposición de jueces de control de garantías para la legalización de la captura e imputación de cargos, mientras la Fiscalía sostiene que este tipo de conductas afectan de manera directa la credibilidad institucional del ente investigador, en un proceso que, como es habitual en esta etapa, se mantiene bajo la presunción de inocencia mientras avanza la fase de indagación y eventual judicialización.
Este hecho hace que la sociedad civil pierda la confianza en una justicia que está en la nómina de la corrupción.
En el caso de Víctor Gamboa, De acuerdo con los elementos preliminares del expediente, la investigación se habría alimentado de denuncias ciudadanas, material de interceptaciones legales y registros digitales que apuntarían a solicitudes de dinero para la expedición de licencias de construcción, un tema especialmente sensible en Villa de Leyva, un municipio protegido por su valor patrimonial y sus estrictas normas de ordenamiento territorial.
La captura, ejecutada por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), fue seguida de su traslado a Bogotá para su presentación ante un juez de control de garantías, quien deberá definir la legalidad del procedimiento y las medidas de aseguramiento.
En la región, el caso ha generado un fuerte impacto político y social. Villa de Leyva, conocida por su arquitectura colonial y su peso turístico, ha estado en el centro de debates recurrentes sobre la tensión entre desarrollo urbanístico, conservación patrimonial y administración pública.
La detención del alcalde que se da con pruebas contundentes introduce ahora un elemento de incertidumbre institucional en una administración que, hasta ahora, no había enfrentado un proceso de esta magnitud y sumado a un Gobernador que a dedo elige alcaldes que hagan caso para manipular los recursos públicos a su antojo como pasó recientemente en la ciudad de Tunja.
