El presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello están involucrados en una disputa por el caso del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes.
El desacuerdo se deriva de la negativa de Petro a reemplazar al alcalde suspendido de Riohacha, alegando violaciones a los derechos humanos si seguía la decisión del organismo disciplinario.
El alcalde de Riohacha seguirá en su cargo
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, sostiene que sólo un juez penal puede limitar los derechos políticos. El ministro enfatiza la importancia de defender la democracia y la constitución.
“Solamente un juez penal tiene competencia para restringir los derechos políticos de alguien que ha sido elegido popularmente, autoridades administrativas frente a funcionarios elegidos democráticamente para la vigilancia y en dado caso de que compruebe que hay algún delito pues mandar las copias a la Fiscalía General de la Nación”, dijo Osuna ante Noticias RCN.
El alcalde investigado, José Ramiro Bermúdez, anuncia su regreso al cargo en apoyo a Petro. Este choque suscita preocupaciones sobre la autoridad de la procuradora para disciplinar a los funcionarios electos y su impacto potencial en la rendición de cuentas política en el país.
“Es un muy mal ejemplo que está dando el Señor presidente de la república al no respetar la democracia respetar la institucionalidad y respetar el estado social de derecho y es mal ejemplo por cuanto que todos los funcionarios electos popularmente que hoy se encuentran sancionados e inhabilitados podrían seguir ese mal ejemplo de no acatar una democracia, no respetar una democracia y considerarse aptos en este momento tan delicado de país como es el proceso electoral”, dijo la Procuradora Cabello.
Los expertos indican que el presidente Petro tiene razón al tratarse de acuerdos internacionales que son respaldados por la constitución política colombiana.
Mientras la Procuraduría prorrogó por 3 meses más la suspensión, el alcalde ya comenzó a trabajar en su cargo.
El presidente Petro que fue suspendido por la Procuraduría cuando fue alcalde de Bogotá, aprovechó la oportunidad para demostrar que los funcionarios elegidos por voto popular no pueden ser suspendidos por funcionarios puestos por cuotas políticas, como es la actual procuradora amiga de la familia Char.
