La Procuraduría General de la Nación intervino en el proceso de prórroga de la concesión de aguas subterráneas solicitada por Indega S.A., filial de Coca-Cola, en el municipio de La Calera (Cundinamarca).
El Ministerio Público pidió a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que cualquier decisión sobre este caso se fundamente en estudios técnicos elaborados por la propia entidad, rigurosos y basados en evidencia científica, y no en informes presentados por la empresa interesada.
Procuraduría pide claridad en concesión de aguas
El pronunciamiento llega en medio de un clima de inquietud entre los habitantes de La Calera, quienes han expresado preocupación por la captación de agua en la quebrada San Lorenzo, fuente natural utilizada desde 1983 para la producción de la marca Manantial.
La Procuraduría insiste en que la transparencia y la solidez técnica son esenciales para evitar decisiones arbitrarias y garantizar la protección del recurso hídrico.
En un documento de cinco páginas fechado en octubre de 2025, la Procuraduría, a través de su delegada para asuntos ambientales, Olga Lucía Patín, pidió a la CAR actuar con objetividad y rigor técnico.
El oficio, dirigido al director general, Alfred Ignacio Ballesteros, reitera que las decisiones sobre la concesión de aguas deben ser producto de estudios independientes y ajustados a la ley.
El ente de control también cuestionó el Informe Técnico de la Dirección Regional de Recursos Naturales (DRN), radicado el 30 de septiembre de 2025, por supuestas inconsistencias en su contenido.
Según la Procuraduría, el documento invoca el principio de precaución para aplicar posibles restricciones, a pesar de que en más de 300 concesiones anteriores en La Calera se ha aplicado el principio de prevención, basado en estudios hidrogeológicos y evidencias científicas comprobables.
El Ministerio Público advirtió que este cambio de criterio podría generar un vicio de falsa motivación al no demostrar la existencia de un riesgo grave o irreversible.
Por ello, pidió a la CAR realizar sus propios estudios hidrogeológicos, abstenerse de tomar decisiones basadas en incertidumbres no justificadas y revisar el informe con base en los principios de confianza legítima, igualdad y seguridad jurídica.
Debate ambiental y plantón ciudadano
El caso ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de los recursos naturales por parte de grandes compañías. En redes sociales circularon imágenes que muestran a Coca-Cola cubriendo los nacimientos del manantial San Lorenzo, lo que desató críticas.
La empresa aclaró que se trató de una acción de protección del recurso hídrico autorizada por la CAR, y no de una intervención que afecte el suministro de agua en la zona.
Mientras tanto, grupos ambientalistas y el concejal José Cuesta Novoa convocaron un plantón frente a las oficinas de la CAR, en el que se denunciarán posibles irregularidades por el vencimiento de la concesión el 31 de diciembre de 2024.
Con su intervención, la Procuraduría busca garantizar que las decisiones sobre la concesión se tomen con base en información técnica verificable, asegurando la defensa del agua y del interés público en La Calera.
Redacción Nación Pluralidad Z.
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