Una grave denuncia por un presunto «crimen ambiental» ha escalado hasta el más alto nivel del Gobierno Nacional, involucrando a la multinacional Coca-Cola, a congresistas del Pacto Histórico y al propio presidente Gustavo Petro.
La controversia se centra en la acusación de que la compañía estaría sellando con cemento manantiales de agua en el municipio de La Calera, Cundinamarca, supuestamente con el consentimiento de la Corporación Autónoma Regional (CAR). La representante a la Cámara, María del Mar Pizarro, fue la primera en exponer la situación con material fotográfico, una acción que fue amplificada por el primer mandatario y la senadora Esmeralda Hernández, desatando una tormenta política sobre la gestión de los recursos hídricos en el país.
¿Complicidad de la CAR Cundinamarca con Coca-Cola?
La denuncia, que ha cobrado fuerza en las últimas horas, señala directamente a Coca-Cola de cubrir con estructuras de cemento los nacimientos de agua para facilitar una captación a través de una concesión que los congresistas califican de irregular.
«Esto fue lo que le hizo Coca-Cola a nuestros manantiales, los recubrieron con CEMENTO. Todo esto con la vista gorda de la CAR Cundinamarca que permitió la captación de agua con una concesión irregular», afirmó la representante Pizarro.
La acusación fue respaldada por la senadora Esmeralda Hernández, quien calificó los hechos como un «crimen ambiental» y cuestionó el papel de las autoridades. Según Hernández, estas entidades parecen actuar más como «aliadas de las grandes multinacionales que de la gente», convirtiéndose en «gestoras y notarias de estas grandes empresas que se lucran a costa de la explotación del agua».
La intervención del presidente Gustavo Petro elevó el tono del debate. Al compartir la denuncia, el mandatario alertó sobre el agotamiento de los recursos hídricos de Bogotá y propuso una solución controversial. «Señores de la Car Cundinamarca, Bogotá agota su recurso más preciado. Ahora toma más agua de Cundinamarca y se puede devolver ese agua, si se socializan las aguas subterráneas», escribió Petro.
Su declaración no solo valida la preocupación de las congresistas, sino que también la enmarca en un problema mayor de seguridad hídrica para la capital y plantea una de sus banderas políticas, la «socialización» de los recursos.
Un historial de sanciones y el fantasma del racionamiento
La senadora Hernández recordó que esta no es la primera vez que la multinacional enfrenta señalamientos por su impacto ambiental en Colombia. Hizo memoria de una sanción ratificada por el Consejo de Estado en el año 2020 contra Coca-Cola FEMSA debido a vertimientos contaminantes irregulares, lo que resultó en el pago de una multa millonaria.
Además, la congresista trajo a colación la crisis vivida en Bogotá durante el 2024, cuando la ciudad enfrentó un severo racionamiento de agua. «Mientras el alcalde Galán nos pedía bañarnos en pareja para contribuir en el racionamiento del agua, Coca-Cola gastaba de manera indiscriminada y sin controles este valioso recurso», aseveró Hernández.
Esta nueva denuncia se suma a un debate nacional sobre el uso y la priorización del agua. Desde el Pacto Histórico se argumenta que este recurso vital se ha convertido en un «negocio redondo» para algunas empresas.
Afirman que las multinacionales adquieren el agua a precios «irrisorios» para luego venderla embotellada a costos elevados, transformando un derecho fundamental en una simple mercancía.
La controversia ha abierto la puerta a una discusión más profunda sobre la legislación y el control ambiental en el país. Los denunciantes se preguntan por los «padrinos políticos» que permiten estas prácticas mientras numerosas comunidades carecen de acceso a agua potable. La senadora Hernández fue enfática al afirmar que ha llegado la hora de «abrir un debate serio en Colombia» sobre el uso indiscriminado de los recursos naturales.
Este debate, impulsado desde el oficialismo, no solo pone en el banquillo a Coca-Cola, sino también a las corporaciones autónomas regionales, cuya función es la protección del medio ambiente.
La percepción de que estas entidades favorecen intereses privados por encima del bien común es una crítica recurrente que ahora resuena desde la Casa de Nariño. La defensa del agua como «fuente de vida» y no como una «mercancía» se consolida como una de las principales batallas políticas y ambientales del Gobierno actual.
La respuesta de Coca-Cola y de la CAR de Cundinamarca será crucial para determinar el rumbo de esta investigación y el futuro de la gestión del agua en la sabana de Bogotá.
Redacción Política Pluralidad Z.
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