Fecode considera que no hay garantías para volver a las clases presenciales

La infraestructura de los colegios públicos es de lamentar
La infraestructura de los colegios públicos es de lamentar.

Los reclamos que ha venido realizando Fecode para el regreso a clases, podrían considerarse como sustentados, legítimos y válidos en medio de la pandemia ocasionada por la Covid-19.

Colombia, al igual que los otros países adoptó la política de confinamiento para contener la pandemia, pues las instituciones educativas serían, por la concentración de niños y jóvenes, un foco de contagio.

Ante este nuevo panorama, la comunidad educativa se ha venido enfrentando a diversas dificultades: problemas de conectividad, ocasionando que muchos escolares no puedan acceder a las clases; la calidad de la educación ha descendido; no todos los maestros están habilitados para el manejo adecuado de las tecnologías que la pedagogía digital exige, entre otros aspectos.

En la actualidad no hay condiciones para un retorno presencial seguro, de acuerdo con las más de 140 organizaciones de la salud reconocidas en el país. Además, el Observatorio de Gestión Educativa, dio a conocer que, de los $ 400.000 millones que el Ministerio de Educación entregó a las secretarías para la adecuación de las instituciones educativas, solo se han ejecutado el 57,2%.

Fecode y la reapertura de colegios

Si bien es cierto que el país ha empezado el retorno a la presencialidad; no se puede negar las precariedades de la infraestructura física de las instituciones educativas y la debilidad en materia de bioseguridad.

Fecode ha ratificado su posición de no asistir aún a las aulas, pues consideran que el sistema educativo no está preparado para la presencialidad. A pesar de esto, las autoridades locales avanzan en el proceso de reapertura.

Miguel Ángel Pardo, secretario de Asuntos Pedagógicos, Educativos y Científicos de Fecode, aseguró que solo será seguro volver una vez esté vacunada toda la comunidad educativa: “El ministerio omite que la comunidad científica y de salud, exige que debe ser aplicada y extendida a toda la comunidad educativa, es decir, incluidos los mayores de 12 o mínimo de 16 años”.

Algunos expertos consideran que el hecho de que los de niños, niñas y adolescentes no puedan asistir a clases presenciales ha ocasionado el incremento en la depresión y tendencias al suicidio; mayor exposición a la violencia intrafamiliar y al abuso contra menores.