El Gobierno respondió a la decisión de la Corte, pidiéndole que revise la tutela sobre las protestas, donde cuestionó los procedimientos realizados por la Policía Nacional. A su vez, agregó que «seguirá enfrentando el vandalismo», con todas las herramientas que tenga a su alcance.
Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, les aseguró a los magistrados que las agresiones realizadas en el marco de las protestas no son una directriz; sino actuaciones personales de algunos integrantes de la policía.
El ministro también afirmó que «La manifestación o protesta pública y pacífica de los ciudadanos está garantizada por la Constitución Política y esta se cumple dentro de la política de convivencia y seguridad ciudadana».
A esto se le suma, que el ministro dijo que en el mundo la mayoría de los países cuentan con fuerzas de ese tipo, y que «continuamente actualizan y mejoran sus protocolos de actuación».
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Reacciones al fallo de la corte
Fernando Carillo, Procurador General de la Nación, le ha pedido al gobierno que cumpla las definiciones de la Corte, pues si se incumple las órdenes del alto tribunal sería desacato.
El jefe del Ministerio Público declaró que “las decisiones de la justicia deben acatarse y cumplirse así no se compartan», pues es un principio que mantiene las bases del Estado.
Por otro lado, Rafael Nieto, ex viceministro de Justicia e integrante del Centro Democrático, aseguró que “el fallo es preocupante y tiene errores”, pues supuestamente se exceden en sus funciones.
Los tres puntos clave del fallo son: la restructuración de la policía y el ESMAD frente la protesta pacífica; las disculpas que debe pedir el ministro de defensa; la prohibición del uso de la escopeta calibre 12 en las protestas; la no neutralidad del gobierno y la regulación del uso de la fuerza.
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La decisión de la corte cobra una gran vigencia, especialmente después del homicidio del abogado Javier Ordóñez, que recibió descargas de pistola Táser y golpes mientras estaba bajo custodia policial.
