Durante el año 1995 la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter realizó un contrato con BBVA y la Caja Agraria, el cual consistía en que el dinero de la Financiera sería administrado en una cuenta de este banco.
El banco entregaría dinero cuando Findeter lo solicitara con los datos pertinentes para que la entidad bancaria a través de sus oficinas y corresponsales hiciera la transferencia de dinero.
El procedimiento también incluía la notificación a la Financiera para que estos reportaran ante el alcalde o gobernador los datos exactos de la entrega.
Es así como en el último trimestre de 1997 Findeter solicitó dos transferencias siguiendo el protocolo pactado.
La primera de $639.000 millones para San Andrés y Providencia, y algunos municipios. La segunda de $621.000 millones repartidos en tres transferencias para Atlántico.
Sin embargo, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. no siguieron el mismo proceso y en cambio trasladaron la suma de todo el dinero a una cuenta de la Caja Agraria a nombre de Malambo en la sucursal del municipio aledaño de Soledad Atlántico.
Luego se descubrió que el entonces director de la oficina de la Caja Agraria de Soledad fue quien utilizó esta cuenta y sacó el dinero a través de cheques de gerencia.
Findeter culpó a BBVA por la estafa ya que no cumplió con los procedimientos establecidos en el contrato y no realizó las notificaciones que le correspondían; e interpuso una demanda para que la entidad bancaria de devolviera el dinero perdido.
Mucho tiempo después, el 21 de junio de 2018 se declaró que la Financiera tenía razón y que BBVA debía junto con la Caja Agraria reponer el dinero estafado por Emilio Rodolfo Reyes.
Tanto el banco como la Caja Agraria estuvieron en desacuerdo y el caso pasó a las manos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, pero la decisión se mantuvo y la responsabilidad se dividió entre un 70% para BBVA y 30% para la Caja.
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Acudir a la Corte Suprema de Justicia
Nuevamente inconformes, acudieron a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Inicialmente la Caja Agraria pretendía librarse acudiendo a que se encontraban en liquidación y no tenían capacidad para pagar una sanción, pero este argumento fue anulado porque no se había notificado durante todo el proceso esa situación.
Por otra parte, BBVA declaró que Findeter demoró aproximadamente tres semanas después de haber sido informados sobre las órdenes de transferencia y que la Financiera también incumplió el contrato al no informar al alcalde o gobernador.
El alto tribunal también desestimó estas declaraciones ya que sin importar el día en que la Financiera se dio cuenta del dinero retirado, la estafa ya había sido realizada.
La sala de la Corte agregó que los bancos son los encargados de establecer un sistema de seguridad que evite estafas, y por lo tanto en el caso de que se realice la estafa la responsabilidad recae directamente en las entidades financieras.
Es el deber del banco verificar la identidad del cliente y si otra persona lo suplanta el error es de la entidad. En cambio, si un cliente pierde su tarjeta y clave permitiendo un robo allí la responsabilidad sería del cliente pues es su deber no perder su tarjeta.
El banco también tendría responsabilidad si una persona con credenciales falsas consigue retirar algún dinero.
La Sala de Casación Civil determinó entonces que los responsables y quienes deben responder por el dinero son las entidades bancarias que hicieron parte del contrato con Findeter.
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