El Ministerio de Trabajo presentó un pliego de cargos contra la empresa de productos lácteos Alpina, alegando la promoción durante varios años de un pacto colectivo con sus empleados no sindicalizados y la presunta violación del derecho de asociación.
La determinación fue adoptada después de que la cartera recibiera una denuncia formal. En dicho documento, argumentaron que la empresa estaba violando ciertos derechos laborales.
Alpina investigada por el Ministerio de Trabajo
Ante esta denuncia, el ministerio delegó al inspector de trabajo y seguridad social adscrito al grupo interno de trabajo de la Unidad de Investigaciones Especiales, Luis Gabriel Ángel, para que comprobara su veracidad y recolectara pruebas.
Tras diversos hallazgos, El Ministerio del Trabajo ha formulado tres cargos contra Alpina, relacionados con violación a normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, normas de orden legal del Código Sustantivo del Trabajo y por atentar contra el derecho de asociación sindical.
El inspector de trabajo consideró que “el pacto colectivo no había cumplido los presupuestos legales como la presentación del pliego, la elección libre de negociadores y la suscripción de un acuerdo y el posterior depósito”.
La entidad también compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, ya que “la conducta de Alpina, contraria a normas constitucionales y legales, también puede ser objeto de reproches penales”.
De igual manera, la presentación de cargos contra Alpina podría conllevar una multa de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
Por su parte, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma Egea, respaldó la decisión y extendió una invitación a todos los inspectores del país para que inicien las investigaciones correspondientes.
A su vez, agregó que los pactos han sido usados para evitar el nacimiento de un sindicato, impedir el crecimiento de uno existente o su erradicación, buscando la deserción de los afiliados y afiliadas.
Desde Alpina, comunicaron “que el Ministerio ha anunciado la apertura de un proceso administrativo sancionatorio sobre el cual aún no hay decisiones en firme”.
Asimismo, indicaron que, respecto al mencionado proceso, emplearán todos los recursos legales disponibles para evidenciar que la empresa no ha cometido ninguna de las conductas que dieron origen al proceso sancionatorio.
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