El abogado Miguel Ángel del Río, reveló detalles de cómo están despojando tierras en la capital del departamento de Atlántico. Algunas habrían sido adquiridas por una jueza, una defensora del pueblo y una funcionaria de la Fiscalía de Barranquilla.
Abelardo Cure, ha sido víctima del despojo de tierras en Atlántico. Según sus declaraciones ha perdido más de 600 hectáreas, avaluadas, según sus cálculos, en más de $600.000 millones.
El cartel del robo de tierras
Según Cure, todo se remonta al año 2012, tras la muerte de su padre, Elmer Cure. Un año después, llegaron sujetos con escrituras en mano, a la finca Santa Helena, reclamando la propiedad de 223 hectáreas. Escrituras, que advierte Cure, eran falsas.
“Unos señores aparecieron diciendo que mi papá les había vendido la finca… Él nunca vendía nada, quería dejar todo a nosotros sus hijos. La gente (que fue a la finca) estaba armada”, aseguró Abelardo Cure en una entrevista con W Radio.
A su vez, agregó que en la Notaría se dieron cuenta de que la escritura del terreno pertenecía a un matrimonio: “había pago de impuestos y de hacienda que pertenecían a dos escrituras diferentes, de dos haciendas diferentes, con el mismo número”.
De acuerdo con la denuncia de Abelardo Cure, las tierras que le han sido despojadas fueron vendidas a María Patricia Hernández Jácome, juez segunda penal del circuito; a la defensora del pueblo Yaneth Ortiz de Manotas, y su hija Carol Manotas, que según Cure, es funcionaria de la Fiscalía de patrimonio económico de Barranquilla.
Por su parte, Miguel Ángel del Río, quien es el abogado defensor de Abelardo Cure, señaló que “la Fiscalía de Barranquilla es una cueva de ladrones, con algunas excepciones seguramente, pero nada funciona si no es con corrupción… Tenemos información de que al parecer un magistrado también ha comprado tierras de estas despojadas”.
Sobre el modus operandi de este robo de tierras en Atlántico con notarías falsas, Miguel Ángel del Río explicó que cada lote está en una Fiscalía diferente, así que nadie mueve las investigaciones.
Por eso, anunció que se hará una denuncia macro para que se investigue el caso y solicitará que se nombre una procuraduría especial que acompañe esta investigación.
El abogado también advirtió que ha tenido contacto con “otras familias que han vivido exactamente la misma situación. Es decir, complicidades entre notarios, fiscales, oficina de instrumentos públicos, empresarios y delincuencia organizada, con un propósito: quedarse con los bienes de muchos ciudadanos”.
Por último, reveló que: “Es una práctica sistemática en el departamento del Atlántico, específicamente Soledad, Tubará, Puerto Colombia y Barranquilla. Una mafia que necesariamente hay que destapar”.
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