El congresista del Pacto Histórico Alejandro Toro presentó un proyecto de ley que busca darle dientes a la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
Esta iniciativa legislativa tiene como propósito agilizar el trámite de restitución de tierras despojadas, de manera que pueda adelantarse por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, sin que deba acudirse a los jueces de restitución.
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En los casos en los cuales no existan en el predio que se pretenda restituir propietarios, poseedores u ocupantes distintos al solicitante. Es decir, en los casos en donde por no existir opositores, no haya lugar a la controversia judicial.
Lo anterior, en aras de lograr fundamentalmente dos propósitos: por un lado, avanzar en la descongestión de los despachos judiciales de restitución de tierras; y por otro, dar cumplimiento a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia de la administración pública en relación con el cumplimiento de su misión institucional.
Para el caso concreto, la restitución de tierras a las víctimas de despojo en el marco del conflicto armado y con ello, su reparación material.
La Ley 1448 de 2011 también conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, fue creada con el propósito de dictar medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.
Actualmente, el porcentaje de avance en la restitución de tierras no ha sido optimo, por lo que la vigencia de la ley tuvo que ser prorrogada hasta el 2031.
La ley 1448 de 2011 se trazó como meta reparar a las más de 300 mil víctimas despojadas de sus tierras, pero hasta la fecha sólo se han restituido 11.839; es decir, solo el 3.94% del universo de víctimas.
Se identificó que parte del problema ha sido que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ya que carece de herramientas eficaces para restituir en aquellos casos en donde no existen opositores a las solicitudes y por ende no habría lugar a litigio y en consecuencia no habría necesidad de que un juez de la República resuelva una solicitud en la que no se presenta un escenario litigioso. Sin embargo, todas esas solicitudes llegan a los despachos judiciales especializados en restitución generando congestión y una carga innecesaria para los jueces.
El uribismo está molesto por esta iniciativa que comenzó a tramitarse desde el 16 de noviembre de 2022.
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