La defensa del senador Iván Cepeda Castro asegura que solicitud de preclusión del caso contra Álvaro Uribe Vélez por parte de la Fiscalía sería un supuesto prevaricato, desvirtuando la investigación de la Corte Suprema de Justicia y sin pruebas que argumenten su solicitud.
El día de mañana, martes 6 de abril de 2021, la Fiscalía General de la Nación, en voz del fiscal delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, sustentará ante un juez la solicitud de que precluya el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal.
Según se conoció en días pasados, el senador Cepeda, identificado como víctima del caso, habría instaurado una tutela solicitando copia del expediente, información y testimonios recolectados por la Fiscalía General de la Nación desde el momento en que recibió el caso procedente de la Corte Suprema de Justicia.
Recordemos que una vez Uribe renunció a su cargo como senador de la República, perdió el fuero, y el Alto Tribunal debió remitir el caso a la Fiscalía.
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Así va el caso de Uribe
De acuerdo con lo valorado por el ente acusador, teniendo en cuenta todas las evidencias con que se cuenta en el proceso, en las que se vinculó al expresidente Uribe, no tenían característica de delito, y en los que sí, no existía fundamento suficiente para ser atribuidas a Uribe como autor o partícipe, por lo que resolvió solicitar formalmente que precluya el caso contra el exsenador.
Tras la tutela instaurada por Iván Cepeda para conocer el expediente conducido por la Fiscalía, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó al ente acusador entregar copia del expediente en su poder a la defensa del senador Cepeda.
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Luego de tener acceso a esa información, el senador del Polo sostiene que no existen pruebas ni argumentos para solicitar la preclusión del caso, solo “rumores, suposiciones, conjeturas, declaraciones mendaces y posiciones subjetivas” que invalidan la investigación de la Corte.
Además, su abogado y apoderado Reinaldo Villalba, reveló para Noticias Uno que tal solicitud constituye un prevaricato por parte de la Fiscalía y que podría llevar a una denuncia penal.
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