Un proyecto de ley radicado en el Congreso de Colombia fue radicado este 12 de mayo, por la senadora Paloma Valencia Laserna propone exceptuar del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), a todas las motocicletas con cilindraje igual o inferior a 250 centímetros cúbicos. La iniciativa, que modifica el artículo 42 de la Ley 769 de 2002, afectaría directamente a más de 13,5 millones de motocicletas registradas en el RUNT, que representan el 63% del parque automotor nacional, según cifras del propio RUNT y una mesa de expertos en salud.
El proyecto de ley apunta a reducir la carga económica de los hogares colombianos de menores ingresos.
Paloma Valencia radica proyecto de ley para eximir del SOAT
La iniciativa establece que la exención del SOAT no opera por simple declaración del conductor, sino que se verifica con dos datos oficiales registrados en el RUNT y en la licencia de tránsito: la clase «motocicleta» y un cilindraje igual o inferior a 250 cc.
Si una moto es transformada o se le cambia el motor superando ese umbral, «la excepción cesará de pleno derecho desde la ocurrencia de la modificación», según el artículo 2 del proyecto. Esto busca evitar que el beneficio se aplique a vehículos que no cumplan el criterio técnico que lo justifica.
El texto también aclara que la exención no libera a propietarios o conductores de otras obligaciones legales, revisión técnico-mecánica, responsabilidad civil o penal, ni puede interpretarse como una barrera para la atención inicial de urgencias de las víctimas.
El Gobierno tendría seis meses tras la promulgación para reglamentar la interoperabilidad de información entre el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, la ADRES y la Superintendencia Financiera de Colombia, conforme al parágrafo 5 del artículo 2.
De acuerdo con datos de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI (2024), el 92% de los propietarios de motos pertenece a los estratos 1, 2 y 3, y el 60% percibe ingresos inferiores a dos salarios mínimos mensuales, lo que convierte al SOAT en un costo que golpea desproporcionadamente a quienes menos tienen. Para 2026, la Superintendencia Financiera fijó la tarifa máxima del seguro en $167.000 para motos de menos de 100 cc y en $224.300 para las que están entre 100 y 200 cc.
Las cifras que acompañan la exposición de motivos del proyecto revelan una realidad estructural que el sistema actual no ha podido resolver. Colombia cerró 2025 con 13.528.164 motocicletas activas en el RUNT, pero solo alrededor de 5,7 millones tienen SOAT vigente, lo que implica que entre 7,8 y 8,25 millones de motos circulan sin seguro obligatorio, según datos de Fasecolda y el RUNT.
Dicho de otro modo, cerca de 6 de cada 10 motos en el país no tienen el seguro al día, una realidad que convierte la obligación en fuente de sanciones masivas antes que en protección efectiva.
La presión sancionatoria respalda esa lectura: en 2025 se impusieron 3,5 millones de comparendos en Colombia, con un promedio cercano a 13.000 multas por día, según el RUNT y el SIMIT. Las motocicletas concentran entre el 64% y el 74% de todas las multas de tránsito del país, equivalentes a entre 2,1 y 2,6 millones de comparendos anuales. Entre 2020 y febrero de 2024, 193.444 motos terminaron inmovilizadas o remolcadas a patios, representando el 58,4% del total de vehículos retenidos, según la mesa de expertos de salud citada en el proyecto.
La objeción más fuerte que enfrentará el proyecto en el debate es la desfinanciación de la atención a víctimas. En 2025, las aseguradoras transfirieron $2,5 billones a la ADRES y $123.000 millones a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para prevención vial, según Fasecolda. Adicionalmente, la ADRES reportó giros de $702.000 millones por reclamaciones de accidentes de tránsito y $326.000 millones a IPS en el primer semestre de 2025 por atención a víctimas de siniestros con vehículos no identificados o sin SOAT.
A esto se suma un dato crítico: las motocicletas registran una siniestralidad promedio de 223%, frente al 20% de los automóviles, según Fasecolda, lo que explica por qué el sistema opera con subsidios cruzados entre categorías de vehículos.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial reportó que en 2024 murieron 5.291 usuarios de motocicleta, equivalentes al 62% del total de muertes en siniestros viales del país, una cifra que complica políticamente cualquier reforma que debilite el financiamiento de la atención.
El contexto regulatorio que precede al debate
El ordenamiento colombiano ya había intentado abordar el problema de la evasión del SOAT sin llegar a una exención total. El Decreto 2497 de 2022 introdujo tarifas diferenciales para motos de menos de 100 cc y entre 100 y 200 cc, equivalentes a aproximadamente el 50% del precio vigente al 14 de diciembre de 2022, con el objetivo de mejorar el acceso al seguro y reducir la evasión.
El Decreto 2312 de 2023 preservó ese trato especial, pero ordenó su ajuste anual por variación de la UVT, la experiencia muestra que los alivios tarifarios aumentaron el parque asegurado de aproximadamente 9,9 millones a 10,6 millones de pólizas entre 2024 y 2025, aunque la siniestralidad de motos creció 18,8% en ese mismo período, según la Superintendencia Financiera.
El proyecto de Valencia Laserna da un paso más allá al proponer la exención total para el segmento de bajo cilindraje, apoyándose en el artículo 191 del Decreto Ley 663 de 1993, que establece que solo la ley puede crear o redefinir el ámbito de los seguros obligatorios, y en la sentencia C-395 de 2022 de la Corte Constitucional, que admitió diferenciaciones legales por categoría objetiva de vehículo sin reemplazar la regulación técnica y actuarial del sistema.
La iniciativa ingresará al debate legislativo con una ventaja política clara, el respaldo de millones de motociclistas de estratos bajos, y con una vulnerabilidad igualmente evidente, la necesidad de demostrar que la atención a víctimas no quedará desprotegida ante una exención que afectaría el 93,5% del parque de motos del país, según datos de la ANDI (2024).
