El fiscal Víctor Salcedo asumió el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos, luego de que Andrés Palencia presentará su carta de renuncia ante la Corte Suprema de Justicia, justo en el día que debía decidir si lo llevaba a juicio o de solicitar nuevamente la preclusión de la investigación.
Su designación ha generado indignación porque el fiscal Víctor Salcedo ha demostrado una idolatría hacia Uribe. De manera pública se ha pronunciado en contra de las decisiones tomadas por la Corte Suprema y en favor del expresidente, por lo que estaría legalmente impedido.
Un fiscal parcial a favor de Uribe
En un portal de Bucaramanga llamado ‘Corillos’, el fiscal Salcedo escribió diversas columnas de opinión defendiendo al expresidente, pero en una de ellas opinó sobre el caso cuando estaba bajo la jurisdicción de la Corte Suprema.
En dicho texto titulado ‘Ni Cristo se salvó de la Corte Vs Uribe’, que fue publicado en el año 2020, el fiscal expresó su preocupación por las decisiones de la Corte Suprema y la supuesta vulneración de los derechos de Álvaro Uribe Vélez.
“La decisión de la Corte Suprema, donde se define la situación jurídica del expresidente Uribe, la cual respeto pero no comparto, además de ser un retroceso en las conquistas de las garantías procesales de los incriminados… Deja en el ambiente judicial una preocupante sensación de afectación a otros derechos fundamentales, no menos importantes y propios de un estado democrático”, se puede leer en un fragmento de la columna.
El fiscal Salcedo presentó a Uribe como una víctima de la Corte Suprema, alegando que los derechos fundamentales del expresidente habían sido vulnerados.
Las posturas del fiscal Víctor Salcedo se convierten en un impedimento legal.
El Código de Procedimiento Penal establece entre las causales de impedimento que “haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso”.
A pesar de que el caso ha tenido diversos giros inesperados, la Justicia ha determinado en reiteradas ocasiones que existen razones suficientes para presentar cargos en contra del expresidente.
