El abogado Miguel Ángel del Río ha descalificado la reciente decisión del expresidente Álvaro Uribe Vélez de renunciar a la prescripción de la acción penal en su contra, catalogándola como un «acto de teatro» y un «cálculo político«. En una intervención a través de redes sociales, el jurista argumentó que esta maniobra carece de efectos jurídicos reales y su único propósito es dilatar una posible confirmación de su condena hasta después del próximo ciclo electoral.
Según del Río, la narrativa del exmandatario, condenado en primera instancia, siempre ha estado enmascarada para presentar sus acciones como legítimas. Para ilustrar su punto, recurrió a una analogía con la tragedia de Macbeth de Shakespeare, citando la frase de Lady Macbeth: «Procura el inocente aspecto de la flor y sé tú la víbora que oculta». A su juicio, esta descripción se ajusta a la personalidad de Uribe, quien hoy buscaría proyectar una imagen de honradez intelectual con una decisión que, en la práctica, es inocua.
El cálculo político de Álvaro Uribe detrás de la renuncia
El núcleo del argumento de Del Río es que la renuncia a la prescripción es una estrategia para evitar que una decisión de segunda instancia coincida con el debate electoral que se avecina.
El proceso penal contra Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal estaba programado para prescribir el 16 de octubre de 2025. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá ya había tomado medidas para que esto no ocurriera.
«El gran temor que tiene el hoy condenado Álvaro Uribe Vélez no es otro, que en la mitad de su campaña política se tenga una decisión de segunda instancia«, afirmó el abogado.
Al renunciar a la prescripción, Uribe buscaría presionar al tribunal para que se tome un «plazo razonable», lo que en la práctica desplazaría el fallo para después de las elecciones presidenciales y legislativas.
Es un riesgo que el expresidente no está dispuesto a enfrentar, independientemente de si la decisión lo confirma o lo absuelve.
Miguel Ángel del Río cuestionó enérgicamente el momento elegido para esta renuncia. Recordó que en febrero de 2025, al inicio del juicio oral, los representantes de las víctimas solicitaron formalmente al entonces acusado que renunciara a la prescripción, ya que existía una amenaza real de que el tiempo se agotara.
En ese momento, la renuncia habría sido «absolutamente genuina y legítima» para garantizar un debate de fondo.
Sin embargo, Uribe se negó a hacerlo. Del Río sostiene que la defensa del expresidente confiaba en que el proceso prescribiría ante el juzgado 44. No obstante, la rigurosidad de la jueza Sandra Heredia, quien programó audiencias diarias durante seis meses, impidió que esto sucediera. «Jamás ha sido el interés del acusado un ejercicio legítimo de rigurosidad y de análisis de la valoración probatoria», sentenció Del Río.
Un acto sin efectos jurídicos reales
La razón principal por la que el abogado califica la maniobra como un «acto circense» es que, en la práctica, no cambia nada. El Tribunal Superior de Bogotá ya había advertido que el proceso no prescribiría en la segunda instancia.
Para asegurar la continuidad del caso, se priorizó su análisis y se designaron magistrados auxiliares para estudiar el voluminoso expediente.
Por lo tanto, la renuncia de Uribe es un gesto vacío desde el punto de vista jurídico, pues el proceso iba a continuar de todas formas.
Aunque Del Río da la bienvenida a que la justicia se tome un tiempo razonable para un análisis riguroso, distingue claramente entre la necesidad de un debido proceso y las «estrategias por parte del condenado» para evitar lo que considera inevitable.
Lea más: Margarita Rosa celebra que Uribe fue condenado y afirma que la horrible noche cesa.
