El pasado jueves 15 de enero, la Fiscalía, en representación de la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema, Marlene Orjuela Ramírez, radicó oficialmente una demanda de casación en contra del fallo que absolvió y tumbó la condena en segunda instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Esta acción de la Fiscalía se suma a la casación presentada el pasado martes 13 por el senador Iván Cepeda y otras víctimas reconocidas del proceso.
Fiscalía presentó casación contra fallo en contra de Uribe
Con dos recursos de más de 400 páginas, las partes implicadas del proceso contra el expresidente le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que defina si el exsenador es culpable o inocente de los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.
El recurso, impuesto por Marlene Ojeda, consiste en un documento de 108 páginas y aseguró que el Tribunal Superior de Bogotá, en su fallo de segunda instancia, omitió varias pruebas presentadas durante la etapa del juicio contra el expresidente.
A su vez, aseguró que se presentaron evaluaciones erróneas de muchas de las declaraciones y pruebas técnicas que fueron presentadas en el juicio.
«He tenido el cuidado de exponerles los graves y trascendentes errores cometidos por la Sala mayoritaria al proferir fallo absolutorio en favor del doctor Álvaro Uribe, los cuales correspondieron a la violación indirecta de la ley, esto es, a yerros de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas», señaló uno de los apartes del documento.
Uno de los puntos centrales de la casación interpuesta por la Fiscalía consiste en las interceptaciones a las comunicaciones del exmandatario Uribe Vélez ordenadas “por error” por parte de la Corte Suprema de Justicia en medio de la investigación que adelantaba contra el representante a la Cámara, Nilton Córdoba Manyoma, por el «cartel de la toga».
Para la Ojeda, esta prueba debe ser tenida en cuenta en la revisión de la casación.
La Fiscalía insiste en que sí existe una conducta sistemática, dolosa y concertada para obtener declaraciones falsas mediante sobornos, entrega de dinero y promesas de beneficios con el propósito de favorecer procesalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
No obstante, al igual que la casación interpuesta por las víctimas, el expediente continúa en la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir si admite la demanda de casación presentada por la Fiscalía; de hacerlo, la Sala Penal tendrá plazo para estudiar el caso hasta de cinco años.
Redacción Política Pluralidad Z.
