La representante a la Cámara Mafe Carrascal respondió a los señalamientos de la senadora Angélica Lozano tras el hundimiento del debate sobre el proyecto que busca regular los contratos de prestación de servicios en el Estado.
En un video publicado en sus redes sociales, Carrascal negó haber sido la responsable de romper el quórum y aseguró que la iniciativa, tal como está planteada, «es abiertamente inconstitucional» y podría terminar empeorando las condiciones laborales de los contratistas públicos.
Angélica Lozano arremete contra Mafe Carrascal tras caída del debate
La controversia se produjo luego de que la discusión del proyecto se frenara en la Comisión Séptima del Congreso por falta de quórum. Tras la sesión, Angélica Lozano afirmó que la salida de Carrascal impidió continuar con el trámite de una propuesta que, según ella, beneficiaría a cerca de un millón y medio de personas vinculadas bajo contratos de prestación de servicios.
«Lamento que la representante Carrascal se retire y rompa el quórum cuando se va a aprobar un proyecto que beneficia a un millón y medio de personas», dijo Lozano al término del debate.
Sin embargo, Carrascal rechazó estas declaraciones y sostuvo que el proyecto aún no se ha hundido. «Primero, ni se cayó el proyecto. Apenas empieza el debate. Segundo, yo no rompí el quórum», afirmó.
La congresista del Pacto Histórico aseguró que incluso había alcanzado acuerdos previos con Lozano para participar como ponente de la iniciativa, pese a las diferencias que ambas han tenido alrededor de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
Según explicó, aceptó entrar a la discusión porque considera que el articulado actual podría abrir la puerta a nuevas formas de precarización laboral dentro del Estado.
«Hice un acuerdo con ella para que me nombraran ponente porque creo que, como está formulado el proyecto, es sumamente regresivo para los trabajadores y trabajadoras y porque es inconstitucional», señaló.
Carrascal cuestionó además que el proyecto ya haya enfrentado múltiples tropiezos en el Congreso. «Dice ella que el proyecto se ha caído siete veces. ¿Eso no la lleva a reflexionar? Justamente se ha caído por inconstitucional, porque está mal formulado», afirmó.
El proyecto busca establecer reglas para los contratos de prestación de servicios en entidades públicas, una modalidad que históricamente ha sido cuestionada porque no reconoce prestaciones sociales como primas, cesantías o vacaciones remuneradas.
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Aunque Carrascal dijo compartir el objetivo de combatir los abusos en este tipo de contratación, insistió en que algunos artículos podrían terminar legalizando formas de «fraude laboral».
La representante pidió revisar especialmente los artículos 7, 8 y 9 del texto, al considerar que crean una «tercera categoría de trabajo» que podría debilitar las garantías laborales.
«Estoy de acuerdo con el espíritu, pero no se puede legalizar la injusticia y no se puede permitir que esto sea regresivo para el trabajo», afirmó durante la sesión de la Comisión Séptima.
